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La advertencia la hizo el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), luego del hallazgo de una fosa con restos óseos en el cementerio de Dabeiba.
El descubrimiento fue confirmado el pasado fin de semana por la Justicia Especial para la Paz (JEP), que dijo que allí, en el cementerio de Las Mercedes (Antioquia), se encontraban despojos de personas inhumadas que fueron dadas como desaparecidas en medio del conflicto armado.
Precisamente en este departamento, de acuerdo con Caracol Radio, se ubican otros cuatro puntos en donde habría más fosas con cuerpos de personas desaparecidas o víctimas de ‘falsos positivos’, específicamente en la zona de Hidroituango, en la Comuna 13, en el municipio de Betulia y en Puerto Berrío.
La emisora dice que en Caldas también las hay, puntualmente en las veredas Pradera (del municipio de Victoria), Simitarra (Norcasia), la Cristalina (Samaná) y en el resguardo indígena de San Lorenzo (Riosucio).
Otras cuatro zonas, dice Caracol, están en el Magdalena Medio: vereda Muzanda, en Lebrija (Santander), en el cementerio de Aguachica (César), en Hoyo Malo, en San Vicente de Chucurí (Santander), y en el cementerio de Cimitarra.
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Finalmente, la emisora ubica más fosas en San Onofre, Sucre, específicamente en el cementerio del corregimiento de Rincón del Mar, en el cementerio central y en las fincas el Palmar y la Alemana.
Debido a esta revelación, la vocera de Movice, Adriana Arboleda, aseguró en la emisora que entre 2002 y 2009 se presentaron más de 6.000 casos de ejecuciones extrajudiciales (‘falsos positivos’).
Ante el temor de que estos sitios puedan ser alterados, pues ya hay denuncias de intentos por desaparecer las evidencias, la secretaria técnica del Movice, Diana Salamanca, dijo a la agencia Efe que se volvió a pedir medidas cautelares para que el Estado garantice la protección de estas zonas.
“Ante la falta de (resultados) de las entidades competentes para casos de desaparición forzada, entre ellas la Fiscalía, Medicina Legal y el Ministerio del Interior, lo que se necesita es investigar y verificar si esas personas corresponden a víctimas de desaparición forzada”, agregó Salamanca.
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