Alcaldes en la Mira: Ola de asesinatos exhibe la vulnerabilidad y el peligro de gobernar en México

La violencia que afecta a autoridades locales en México ha alcanzado niveles alarmantes durante los últimos meses, marcando un panorama de creciente inseguridad que preocupa tanto al Gobierno federal como a sus dependencias de seguridad. El asesinato de Carlos Manzo, alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, durante una ceremonia pública del Día de Muertos, se convirtió en el episodio más reciente y simbólico de este fenómeno. Datos oficiales señalan que, en los últimos doce meses, diez presidentes municipales han perdido la vida en atentados consumados en diversos estados, entre ellos Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero y Michoacán.

Esta ola de crímenes se inició el 6 de octubre de 2024, cuando Alejandro Arcos Catalán, del Partido Revolucionario Institucional, y presidente municipal de Chilpancingo, en Guerrero, fue asesinado. Desde entonces, diferentes localidades han sido escenario de ataques a sus ediles. El homicidio de Manzo provocó una fuerte indignación no solo en su lugar de origen, sino también a nivel nacional, generando manifestaciones y confrontaciones con la policía, y visibilizando la vulnerabilidad en la que trabajan las autoridades locales, incluso aquellas que cuentan con protección federal y municipal reforzada.

Uruapan, una ciudad de aproximadamente 360,000 habitantes, se encuentra bajo la sombra de la presencia de diversas organizaciones criminales, como el Cartel Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya. La operación de estos grupos en la región incrementa de forma significativa el riesgo para los funcionarios públicos y la población. Según el gobierno federal, Manzo recibía escolta oficial desde 2024, situación que evidencia el peligro sistemático que enfrentan los alcaldes.

En México existen tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Cada uno detenta responsabilidades específicas, pero el municipal es visto como el eslabón más débil frente a la amenaza del crimen organizado. Según explicó a la agencia EFE el profesor Javier Oliva, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los municipios suelen recibir menos recursos y tienen dificultades no solo en materia de seguridad, sino también en prestación de servicios básicos y salud.

La organización de la sociedad civil Data Cívica, a través de su informe “Votar entre Balas”, sostiene que el 80% de las agresiones político-criminales en el país se concentra en el nivel municipal. Las disputas territoriales entre organizaciones delictivas dejan a los presidentes municipales especialmente expuestos. Oliva advierte que las policías municipales carecen de recursos y capacidades para enfrentar el crimen, en comparación con los cuerpos estatales y federales.

En Michoacán, solo en lo que va de 2025, Data Cívica documentó 25 ataques dirigidos contra actores políticos, de los cuales el 88% corresponde a funcionarios municipales. Para el analista, el asesinato de Manzo envía un duro mensaje de impunidad y desafío hacia las autoridades, mientras se evidencia la falta de respuestas efectivas, especialmente en la ausencia de estrategias concretas para desmantelar las estructuras criminales dentro del Plan Michoacán presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La situación se agrava en otras entidades fuertemente golpeadas por actividades delictivas, como Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y Guanajuato, donde la violencia persiste y afecta tanto a funcionarios como a la ciudadanía en general.

¿Por qué las policías municipales en México tienen tan poca capacidad para enfrentar al crimen organizado?

Esta interrogante surge al ver la reiterada exposición de los presidentes municipales a la violencia, incluso cuando cuentan con protección oficial. El contexto, explicado por especialistas y reportado por EFE, apunta a que los municipios reciben presupuestos limitados y carecen de los recursos materiales y humanos necesarios para combatir las organizaciones criminales que dominan distintos territorios.

Esta desigualdad es consecuencia de un sistema político que es federalista en la teoría, pero centralista en la práctica, lo que deja al nivel municipal a merced de las amenazas sin un respaldo suficiente. Así, la falta de condiciones para fortalecer las policías locales representa uno de los mayores retos para la seguridad pública en el país.