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Al exdictador panameño, muerto este lunes, se le responsabilizó, entre otros crímenes, de la desaparición del sacerdote Héctor Gallego.
Pero aparte del lugar donde están los restos de Gallego, la sociedad panameña quiere saber dónde está la cabeza del asesinado médico guerrillero Hugo Spadafora, uno de los principales críticos de la actuación del ejército en Panamá, y los despojos de otras decenas de desaparecidos durante el régimen militar, del que Noriega fue su jefe de inteligencia, primero, y su caudillo, después.
Gallego llegó en 1970 a la comunidad de Santa Fe, en la provincia panameña de Veraguas, poblada por campesinos e indígenas que se dedicaban a actividades agrícolas para su sustento pero además trabajaban para terratenientes, recuerda La Prensa.
Por iniciativa de Gallego se fundó la cooperativa La Esperanza del Campesino, a la que adhirieron “casi todos los residentes del lugar, quienes consideraron que era un medio para comercializar sus productos de una manera más eficiente sin la necesidad de entregarlos a los comerciantes de siempre”, agrega ese medio.
Testimonios de pobladores de la zona recogidos por el diario panameño indicaron que la idea de Gallego no fue bien vista por los terratenientes porque la consideraban una amenaza para sus intereses. “La noche del 9 de junio de 1971, Gallego fue sacado de su residencia a la fuerza por miembros de la entonces Guardia Nacional”, continúa la publicación.
“Una pieza clave que puede ayudar a develar este secreto para encontrar los restos de Gallego es Manuel Antonio Noriega”, escribió Alexis Sánchez en La Estrella el año pasado.
Sánchez cita una carta de Melbourne Walker, un excapitán de las antiguas Fuerzas de Defensa condenado por la desaparición de Gallego, dirigida a un sacerdote de apellido Guardia, en la que contaba que Noriega le había dicho que todo el Estado Mayor había decidido sacar a Gallego del país […]”.
Pero Noriega también fue el hombre de la CIA en Panamá, especializado en operaciones de contrainteligencia. Transformó la Guardia Nacional en las Fuerzas de Defensa panameña y puso bajo su control casi la totalidad de los organismos del Estado.
Su declive se produjo a raíz de las acusaciones contra él de un compañero de armas, el coronel Roberto Díaz Herrera, al imputarle en 1987 relaciones con el narcotráfico y otros crímenes, lo que abrió una crisis.
De hecho, Juan Sebastián Marroquín, hijo del extinto capo de la mafia Pablo Escobar, contó en una entrevista con Efe que su padre le entregó a Noriega “cinco millones de dólares para que le permitiera operar en Panamá, montar laboratorios y operaciones de lavado de dinero”.
También agregó que “no había recibos” porque “eran relaciones de poder, de palabra”, y Escobar “hacía valer esos acuerdos por la vía de la fuerza”, y aseguró que cuando el capo se enteró de que Noriega lo iba a traicionar, lo amenazó de muerte.
Acusado por el Congreso estadounidense de narcotráfico, asociación de malhechores y beneficios ilegales, en enero de 1988 el entonces secretario de Estado, George Shultz, declaró que el Pentágono había exigido a Noriega abandonar el poder en la sombra y dar paso a un Gobierno auténticamente democrático.
Derrocado tras una cruenta invasión militar estadounidense en 1989, Noriega estuvo preso desde entonces por narcotráfico y blanqueo de capitales en Estados Unidos y Francia, país que lo extraditó en 2011 a Panamá.
En su país cumplía tres condenas por la desaparición y asesinato en 1985 de Spadafora; del militar Moisés Giroldi, muerto tras rebelarse contra él en 1989; y por la llamada masacre de Albrook, en la que varios militares murieron después de sublevarse ese último año.
También tenía otros casos pendientes por desapariciones cuando era jefe de la extinta Guardia Nacional y mano derecha del líder nacionalista Omar Torrijos, quien alcanzó el poder tras un golpe militar en 1968.
Pese a haber acumulado poder y secretos, tanto de copartidarios como de opositores, el militar ya no tenía influencia política y nunca reveló la información que acumuló.
Noriega pidió “perdón” en 2015 a “toda persona que se sienta ofendida, afectada, perjudicada o humillada por mis acciones”.
“Con mi corazón, bajo el nombre de Dios, no tuve nada que ver con la muerte de ninguna de estas personas”, dijo Noriega el pasado 27 de enero en su primera y única declaración ante un juez panameño, en el marco de las audiencias para aprobar su arresto domiciliario.
Con EFE y AFP
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