Pobreza, corrupción y estado de emergencia: los desafíos del próximo presidente de Honduras

Honduras vuelve a las urnas el domingo 30 de noviembre para unos comicios generales en los que elige al próximo mandatario. Quien sea escogido para liderar el Ejecutivo encarará una deuda millonaria e índices altos de pobreza, en medio de un crecimiento moderado en la economía del país. Además, las cifras de inseguridad, si bien están contenidas, muestran una dependencia al despliegue permanente del Ejército mediante la postergación del estado de emergencia. Analizamos las principales preocupaciones que marcarán la gestión del nuevo líder del país centroamericano.

Cuando a finales de enero de 2026, el próximo presidente asuma las riendas de Honduras, recibirá un país donde más del 60% de la población vive en condiciones de pobreza y la tasa de informalidad laboral se sitúa en torno al 74%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El país centroamericano depende en gran medida de las remesas procedentes del extranjero, que aportan el 27% del PIB, superando ampliamente los ingresos por otros rubros esenciales, como las exportaciones. En los primeros diez meses del año, entraron al país 10.000 millones de dólares por transferencias de sus ciudadanos que han inmigrado a otros países.

“Los hogares más ricos del país ganan 101 veces más que los más pobres”

La economía cerrará este año con un crecimiento del 3,5%, según la proyección del Banco Central de Honduras, pero el país necesita un crecimiento sostenido superior al 6% para generar beneficios tangibles, aseguró a la agencia de noticias EFE el gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera.

La inflación se ha contenido, a cambio de subsidios al combustible y la energía, mientras que la deuda pública nacional superará los 18.000 millones de dólares este año, lo que amenaza con limitar los fondos para programas de desarrollo y políticas sociales.

Si bien los datos de desempleo y pobreza se han reducido durante el actual Gobierno, la brecha económica muestra un alto índice de inequidad.

El 95% de la población tiene el 77.5% de los ingresos en el país, según los Indicadores de Pobreza y Mercado Laboral 2025 del INE, publicados en noviembre. “Los hogares más ricos del país ganan 101 veces más que los más pobres, una diferencia que refleja una fuerte concentración del ingreso y una alta desigualdad económica”, señaló la entidad.

El Banco Mundial define la economía hondureña como “relativamente pequeña y abierta, con la agricultura y la manufactura ligera —especialmente los textiles— como fuentes importantes de empleo y exportaciones”. El organismo atribuye a la nación centroamericana “una baja capacidad productiva y alta vulnerabilidad ante fenómenos naturales, combinada con una limitada capacidad de respuesta, y altos niveles de criminalidad y violencia, que fomentan la migración“.

Los principales candidatos a suceder a la actual presidenta, Xiomara Castro, plantean modelos económicos distintos, cuando no contrapuestos. La abanderada del continuismo, Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación, defiende un estado activo para corregir fallas de mercado y reducir desigualdades. Su política de “democratizar la economía” se basa en otorgar créditos a tasas bajas y fomentar una política industrial verde.

Salvador Nasralla, el presentador de televisión de 72 años que aspira por tercera vez a la Presidencia, enfoca su discurso en la reducción de la burocracia, la atracción de inversión, la generación empleo y el apoyo a pequeños y medianos empresarios.

Y Nasri Asfura, el empresario por el que llamó a votar Donald Trump para frenar el “avance comunista”, apuesta por la estabilidad fiscal, fortalecer el sector agropecuario, mejorar la conectividad y priorizar iniciativas con impacto inmediato en la economía local.

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Seguridad dependiente del Ejército

Honduras registró este año su tasa más baja en homicidios de las últimas tres décadas, como ratificación de una tendencia a la baja que comenzó desde antes de la Administración de Xiomara Castro.

La proyección oficial para final de 2025 es de 21 homicidios por cada 100.000 habitantes, un descenso del 50% respecto a 2021 y 14% menos que 2024.

Pese a ese panorama, la nación centroamericana mantiene la peor tasa de homicidios de la región. 

Castro asumió el cargo en enero de 2022, con la propuesta de darle más competencias en seguridad a la policía y revertir la dependencia del ejército. Pero en diciembre de ese año, la presidenta declaró el estado de emergencia para combatir la violencia de pandillas.

El Ejecutivo ha prorrogado más de una veintena de veces la medida. La mayoría de los municipios de Honduras operan actualmente bajo ese estado de emergencia, lo que ha devuelto al ejército un papel central en el mantenimiento del orden público, en una clara muestra de debilidad estatal ante el crimen.

El nuevo mandatario deberá decidir si mantiene la política de seguridad basada en renovación del estado de emergencia o si apuesta por un modelo que brinde más garantías constitucionales.

Diversos órganos de la ONU y entidades como Human Rights Watch han manifestado su preocupación por el uso prolongado del estado de emergencia sin una política integral de seguridad pública.

Las detenciones y allanamientos sin orden judicial figuran entre las vulneraciones que más inquietan a la comunidad internacional.

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Intolerancia a la corrupción

La percepción de corrupción muestra a Honduras como uno de los países más atormentados por ese flagelo en el continente, al ocupar el puesto 154 entre 180 naciones, según Transparencia Internacional. Con su peor calificación histórica registrada en 2024, solo es superada en la región por Venezuela, Haití y Nicaragua.

El 88% de la ciudadanía demanda la instalación de un organismo internacional independiente (CICIH) contra la impunidad, según una encuesta publicada en agosto por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, una idea que Salvador Nasralla ha vinculado a su propuesta de campaña.

Aunque Xiomara Castro firmó en 2022 un memorando de entendimiento con la ONU para establecer la misión anticorrupción internacional, la propuesta nunca se ejecutó por incompatibilidades en la implementación.

Algunos votantes afean al Gobierno no solamente el incumplimiento de la promesa de campaña, sino los escándalos de corrupción que han tocado al círculo cercano de la presidenta.

El más visible de ellos, en 2024, después de que el medio ‘InSight Crime’ reveló reuniones entre el cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya, con poderosos narcotraficantes para ayudar a Castro a ganar las elecciones en 2013. La presidenta condenó los señalamientos, que definió como un intento de golpe de Estado.

Entre el continuismo de izquierda de Rixi Moncada y los discursos disruptivos de Salvador Nasralla y Nasri Asfura, los votantes hondureños meditan a qué modelo apostar, en unas elecciones que conjuran la necesidad de llegar a fin de mes, el hastío por la corrupción y el mantenimiento de la seguridad, sin sacrificar garantías constitucionales.

Con EFE, AP y medios locales