La caída del poder en Corea del Sur: detienen a la ex primera dama Kim Keon Hee por corrupción y escándalo BMW

El Tribunal Central del Distrito de Seúl autorizó el arresto de Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur, tras la petición del fiscal especial Min Joong-ki, quien señaló un “riesgo de destrucción de pruebas” en medio de investigaciones por al menos 16 cargos, entre los que se incluyen recepción indebida de artículos de lujo, tráfico de influencias y presunta participación en manipulación de acciones relacionadas con el concesionario BMW Deutsch Motors. Según la fiscalía, Kim habría influido en la designación de un candidato político en 2022, en coordinación con su esposo y miembros del Partido del Poder Popular, el anterior partido gobernante fundado por el expresidente Yoon Suk-yeol.

Este caso forma parte de una serie de investigaciones especiales impulsadas desde que Lee Jae Myung asumió la presidencia, en junio de 2025, bajo un gobierno de corte liberal. Dichas pesquisas buscan revisitar actos de corrupción y abusos de poder presuntamente cometidos bajo gobiernos previos, enfatizando la transparencia y la rendición de cuentas de figuras políticas de alto nivel. Destaca entre este complejo panorama la investigación sobre el intento fallido de imponer la ley marcial por parte de Yoon el 3 de diciembre de 2024, hecho que desencadenó su destitución el 14 de diciembre y, en abril, una sentencia definitiva del Tribunal Constitucional. El expresidente Yoon permanece encarcelado en Uiwang y enfrenta acusaciones de insurrección, delito que podría derivar en cadena perpetua.

Kim Keon Hee, de 52 años, fue trasladada al Centro de Detención de Nambu, donde permanece en aislamiento mientras se determina si se formalizarán cargos en su contra. En su última aparición pública, Kim ofreció disculpas por “causar preocupación pública”, aunque minimizó su rol describiéndose como “una persona insignificante”, lo que sugiere una aparente falta de reconocimiento de la gravedad de las acusaciones. Expertos como la politóloga María Cristina Escudero consideran que la detención sienta un precedente relevante para la responsabilidad de las élites políticas surcoreanas, y medios locales advierten de los perjuicios para la imagen internacional del país.

Para contextualizar este escándalo, resulta fundamental recordar que Corea del Sur ha atravesado repetidas crisis políticas entre sectores conservadores y liberales, con antecedentes de expresidentes enjuiciados por corrupción, como Lee Myung-bak y Park Geun-hye. Este patrón expone la persistente preocupación social ante la impunidad de altos funcionarios y, ahora, la detención de una ex primera dama involucra un nivel nuevo de escrutinio público con eventuales consecuencias positivas en términos de justicia y transparencia, como destaca un reportaje de BBC Mundo (2025).

El escándalo de BMW Deutsch Motors revela también la cercana relación entre empresas y política en Corea del Sur. Transparency International alertó en 2024 que la corrupción y el lobby empresarial siguen siendo motivo de preocupación, debilitando tanto la competencia justa como la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La presunta manipulación bursátil y el recibo de regalos de lujo reflejan riesgos estructurales para la gobernanza, subrayando la necesidad de reformas profundas.

El interés del gobierno de Lee Jae Myung en profundizar las investigaciones sobre corrupción se interpreta no solo como una medida de justicia, sino también como una estrategia de consolidación política tras años de divisiones sociales. Analistas, como el profesor Hong Joon-pyo (Universidad Nacional de Seúl), aclaran que estas acciones pueden fortalecer la legitimidad institucional, pero también incrementar la polarización y generar riesgos de retaliaciones políticas.

Finalmente, la dimensión internacional de este caso no debe despreciarse: Corea del Sur, potencia asiática, ve impactada su reputación global cada vez que emergen acusaciones graves contra sus líderes, con posibles consecuencias en la atracción de inversiones externas y la cooperación con actores internacionales estratégicos como Estados Unidos y la Unión Europea (Council on Foreign Relations, 2025).

En conclusión, la detención de Kim Keon Hee y la investigación de alto perfil a figuras políticas señaladas de corrupción marcan un momento decisivo para el sistema político surcoreano. Estas acciones representan tanto una oportunidad crucial para fortalecer la transparencia y la justicia como un desafío frente a los históricos riesgos de polarización y desconfianza social.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Qué fue la ley marcial que intentó imponer el expresidente Yoon Suk-yeol y por qué generó controversia?

La ley marcial es un estado de excepción que otorga poderes extraordinarios al gobierno, restringiendo libertades civiles bajo pretextos de seguridad nacional. El intento de Yoon Suk-yeol de instaurar esta medida el 3 de diciembre de 2024, según informes de la fiscalía, buscaba enfrentar crisis políticas internas, pero desató fuertes críticas tanto dentro como fuera del país al ser percibida como un intento de violar los principios democráticos. Ante la reacción pública y parlamentaria, la maniobra fue clave para su destitución formal y posterior sentencia, al consolidar la percepción de abuso de poder por parte del ejecutivo.

La controversia reside en que la ley marcial, aunque existe en la legislación surcoreana, se reserva para situaciones de emergencia extrema. Su uso arbitrario representa una amenaza para el equilibrio democrático, tal como lo destacó la sentencia del Tribunal Constitucional en abril de 2025, sirviendo además como advertencia respecto de los límites al poder presidencial.

¿Cómo se investiga y sanciona la corrupción en Corea del Sur?

En Corea del Sur, la lucha contra la corrupción involucra a distintos organismos estatales, entre ellos la fiscalía especial, la policía anticorrupción y la Comisión de Transparencia e Integridad. Las investigaciones suelen iniciarse tras denuncias internas, reportes de prensa o investigaciones propias de las autoridades. Los procesos incluyen recolección de pruebas, interrogatorios, detenciones y, eventualmente, juicios públicos. Los delitos de corrupción abarcan el soborno, el tráfico de influencias, la manipulación financiera y otros abusos de poder por parte de funcionarios y particulares.

La sanción de estos delitos depende de la gravedad y el grado de involucramiento. Las penas pueden ir desde multas hasta prisión, y en los casos más graves, como insurrección o infracciones que atenten contra el orden democrático, pueden contemplar la cadena perpetua. Las recientes investigaciones buscan, además, fortalecer mecanismos de prevención y aumentar la transparencia institucional, en línea con buenas prácticas internacionales señaladas por organizaciones como Transparency International.