Embajada de Estados Unidos en Colombia dio aviso tajante sobre qué pasa con proceso de migración

La impactante realidad del panorama internacional llevó a que una de las instituciones que tiene la atención de miles de personas en el territorio colombiano saliera al paso sobre un tema que ha provocado dudas.

La Embajada de Estados Unidos no se guardó nada desde su cuenta oficial de X (antes conocido como Twitter) para aclarar si se ha presentado alguna clase de modificación en medio del proceso migratorio en Estados Unidos.

¿Qué cambio hubo en proceso migratorio para Estados Unidos?

La Embajada en Colombia indicó que “no hay ningún cambio en las leyes de inmigración de Estados Unidos ni en la aplicación de las leyes fronterizas durante la interrupción de asignaciones presupuestarias”.

La incertidumbre en torno a la ley migratoria en Estados Unidos derivada de la interrupción de asignaciones presupuestarias surge porque muchos programas clave de inmigración dependen de fondos federales aprobados por el Congreso. Cuando el Ejecutivo retiene o congela esos recursos mediante “impoundments” o “pocket rescissions”, esas operaciones quedan en suspenso o con recursos insuficientes.

Algunos de esos programas son procesamiento de asilo, adjudicación de permisos, mantenimiento de instalaciones migratorias y programas de cooperación internacional en países con flujos migratorios.

Por ejemplo, un memorando de la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB) presentó una “pausa” parcial de subvenciones federales para permitir que las agencias revisen su alineación con las políticas presidenciales, dejando en el limbo muchos programas de asistencia migratoria.

Expertos indican que estas maniobras crean vacíos en la implementación normativa porque no se sabe con qué presupuesto podrán operar agencias como USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración), ICE (Inmigración y Control de Aduanas), ni los programas de apoyo a solicitantes de asilo u oficinas consulares.

Lo cierto es que la Embajada de Estados Unidos en Colombia se mostró tajante con esta publicación en redes sociales, para cortar cualquier clase de especulaciones que puedan surgir alrededor de un tema que históricamente ha sido delicado.

Precisamente, parece pertinente entender a fondo algunos detalles de una determinación por parte del gobierno dirigido por Donald Trump en Estados Unidos, donde el tema tiene varios cuestionamientos de fondo.

¿Por qué hay interrupción de asignaciones presupuestarias en Estados Unidos?

La interrupción de asignaciones presupuestarias en Estados Unidos ocurre cuando la presidencia retiene, congela o cancela recursos que previamente fueron aprobados por el Congreso, alterando la ejecución del presupuesto.

Una herramienta jurídica relevante es la Ley de Control de Impugnaciones (Impoundment Control Act, de 1974), que regula cómo la Casa Blanca puede diferir (‘deferrals’) o proponer rescisiones (‘rescissions’) de partidas ya asignadas, siempre con el requerimiento de informar al Congreso y otorgarle un plazo de revisión.

Recientemente, el gobierno estadounidense ha utilizado una táctica llamada ‘pocket rescission’. Esta maniobra consiste en enviar al Congreso una propuesta de rescisión tan cerca del final del año fiscal (menos de 45 días antes) que, aunque el Congreso no actúe, los fondos expiran y quedan anulados automáticamente.

En agosto de 2025, la Casa Blanca anunció la cancelación de 4,9 mil millones de dólares en ayuda extranjera mediante esa estrategia, argumentando que esos fondos financiaban proyectos ‘woke, weaponized and wasteful’.

Sin embargo, esta práctica ha generado controversia legal. Críticos sostienen que los ‘pocket rescissions’ violan tanto la Constitución, ya que el Congreso posee la potestad del gasto público, como la propia Ley de Control de Impugnaciones, que requiere que los fondos propuestos para rescisión estén disponibles para su obligación antes de su vencimiento si el Congreso no actúa.

Varios análisis legales y organizaciones han señalado que esta autorretención de fondos sin aprobación del Congreso constituye un abuso del poder ejecutivo, lo cual se suma a la controversia.