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Debido a los resultados reportados entre enero y noviembre, en el mercado siguen preocupados por la compra de vivienda nueva.
En el sector de la vivienda de interés social (VIS), que es la que está dirigida a los hogares de personas con menores ingresos, sigue con un sostenido decrecimiento en ventas en todo el país, de acuerdo con los datos de Coordenada Urbana de Camacol.
(Vea también: Personas que viven en arriendo, pilas porque pueden estar haciendo un pésimo negocio)
En el caso de Bogotá (que también incluye municipios aledaños como Chía, Cota, Soacha, La Calera, y otros), aunque se vendieron 54.684 unidades de vivienda, la compra de VIS decreció 7,2 % frente al año pasado y 7,3 % en la lectura del presente año.
En términos generales, en la región la adquisición de nuevas viviendas se desaceleró en un 6,1 % frente al mismo periodo analizado (diciembre y noviembre) de 2022; mientras que en la lectura año corrido, según La República, la disminución fue de 5,9 %.
En otras regiones la realidad es similar. En Antioquia, por ejemplo, entre enero y noviembre las personas compraron vivienda nueva en una proporción 15,9 % menor. La excepción a esta regla, de acuerdo con el diario económico, se da en Atlántico y Bolívar.
La situación se presenta también en los inmuebles por fuera del límite de las VIS (superan los 135 salarios mínimos legales vigentes), puesto que la comparación anual presentó reducción de 3,1 % y 2,1 % en el mismo año.
El precio de la vivienda de interés social en Colombia está regulado por el Gobierno Nacional y es uno de los valores y servicios que se encuentran indexados al salario mínimo. Es por ello que cualquier modificación en el ingreso de los colombianos, produce grandes cambios en este segmento.
Así las cosas, el Decreto 1077 de 2015 de Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, se establece que el tope para la vivienda de interés social en Colombia son los 135 salarios mínimos legales vigentes.
Según el ritmo de las negociaciones, las diferencias que se presentan aún entre la posición de las centrales obreras (12 %) y el gremio empresarial (5,2 % según la propuesta de Acopi), determinarían la necesidad de un aumento establecido por decreto.
Teniendo en cuenta una cifra media entre las posturas enfrentadas, que podría ser del 9 %, el salario mínimo para el 2025 podría llegar a 1.417.000 pesos. En ese sentido, el valor máximo para la vivienda de interés social en Colombia podría ser de 191.295.000 de pesos el próximo año.
De igual manera, la ley establece que en los municipios y ciudades con más de un millón de habitantes (como Bogotá), se podrá tener un tope de 150 salarios, con lo que el precio sería 212.550.000 de pesos.
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