Colombia celebra menor inflación y caída de la pobreza, pero advierten retos fiscales en el Presupuesto 2026

Durante la reciente sesión conjunta de las comisiones económicas del Congreso de Colombia, la directora nacional de Planeación, Natalia Molina, presentó el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, enmarcándolo en un panorama macroeconómico que, según enfatizó, muestra signos alentadores. Uno de los puntos clave destacados fue la marcada reducción de la inflación: mientras en julio de 2023 el índice alcanzaba un preocupante 13,2 %, actualmente se ubica por debajo del 5 %. Además, la inflación en alimentos, tradicionalmente un reto para la economía colombiana, descendió al 4,9 %, lo que representa un alivio tangible para millones de familias, según los datos expuestos por Molina y respaldados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Este escenario de menor inflación se presenta en medio de desafíos fiscales importantes, pero con un entorno macroeconómico progresivamente favorable. El proyecto de presupuesto para 2026 asciende a 557 billones de pesos, de los cuales 88,8 billones se destinarán a inversión pública. Sin embargo, la formulación presupuestal enfrenta notables presiones. Entre las obligaciones más significativas figuran el pago de casi 80 billones de pesos al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles —un mecanismo gubernamental diseñado para proteger a consumidores de los impactos de la volatilidad internacional—, 20 billones en subsidios energéticos y la asignación de 23 billones en líneas de crédito flexible entre 2024 y 2025, según los informes del Ministerio de Hacienda.

Probando el avance de la política social del Gobierno, Molina indicó que, en comparación con 2021, la pobreza monetaria ha caído en 7,9 puntos porcentuales y la pobreza multidimensional en 4,5 puntos, a la vez que la economía creció un 2,1 % y se crearon más de 1,5 millones de empleos adicionales en el último ciclo medido. Estas cifras, verificadas por el DANE y organismos como el Banco Mundial, muestran un esfuerzo claro hacia la reducción de desigualdades, alineado con los principios del Estado social de derecho, fundamental en la Constitución colombiana.

Para entender estos resultados, es necesario remontarse al contexto de los últimos dos años. Colombia fue testigo de una inflación inédita entre 2022 y principios de 2023, impulsada por factores globales —como la crisis postpandemia— y choques en los precios internacionales del petróleo y los alimentos. La estabilidad actual es atribuida a la política monetaria restrictiva adoptada por el Banco de la República, que elevó las tasas de interés para controlar la inflación, y a la recuperación de precios globales que abarató costos internos, de acuerdo con datos de DANE y el Banco de la República.

Uno de los desafíos fiscales más notables reside en los subsidios a los combustibles, administrados a través del Fondo de Estabilización de Precios, que según análisis del Ministerio de Hacienda han significado altos desembolsos y presiones sobre el déficit fiscal. Esto limita la capacidad del Estado para fortalecer sectores como educación y salud sin descuidar la estabilidad macroeconómica. Por otra parte, la caída de la pobreza y el crecimiento del empleo han contado con el impulso de subsidios focalizados y transferencias condicionadas, identificados por el Banco Mundial como instrumentos efectivos para reducir desigualdades, aun cuando persisten tareas pendientes en formalización laboral y calidad del empleo.

Pese a un contexto internacional marcado por la desaceleración económica y dificultades en países vecinos, Colombia ha logrado avances que contrastan con la situación inflacionaria y las crisis fiscales de otras economías latinoamericanas, como lo señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, economistas de centros de pensamiento como Fedesarrollo advierten que, sin reformas estructurales, el peso de los subsidios y las obligaciones fiscales podría dificultar la sostenibilidad a largo plazo de estos logros, exigiendo un equilibrio constante entre control inflacionario, crecimiento económico y equidad social.

En síntesis, el proyecto presupuestal 2026 de Colombia es el reflejo de avances notables en materia macroeconómica y social, pero también de la compleja tarea de gestionar recursos en un entorno de demandas crecientes y obligaciones fiscales significativas. El reto será mantener esta senda de progreso, aún en medio de incertidumbres externas y limitaciones propias de la realidad fiscal del país.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Qué es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en Colombia y por qué representa una carga fiscal?

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es un mecanismo implementado por el gobierno colombiano para proteger a consumidores de las fluctuaciones extremas en los precios internacionales de la gasolina y el diésel. Durante los últimos años, especialmente tras la pandemia, los precios del petróleo han mostrado gran volatilidad, lo que llevó al fondo a destinar recursos masivos en subsidios, garantizando precios internos más estables para usuarios y transportadores. Esta intervención, si bien favorece el poder adquisitivo de los colombianos, ha generado crecientes obligaciones fiscales para el Estado, limitando el margen de maniobra presupuestal en otros sectores fundamentales como educación e infraestructura, según análisis del Ministerio de Hacienda.

El fondo actúa como una “amortiguación” para evitar alzas abruptas en el precio de los combustibles, pero sus costos acumulados han provocado un aumento en el déficit fiscal, convirtiéndose en uno de los mayores retos financieros del presupuesto nacional. Su sostenibilidad y posible reforma forman parte de los debates actuales, dado el peso que representa en las finanzas públicas.

¿A qué se refiere la “pobreza multidimensional” y cómo se mide en Colombia?

La “pobreza multidimensional” es un indicador que busca captar no solo la falta de ingresos de los hogares sino también las privaciones simultáneas en ámbitos como educación, salud, condiciones de la vivienda, acceso a servicios públicos y empleo. En Colombia, este índice es elaborado por el DANE mediante encuestas de hogar, permitiendo identificar de manera más integral a la población vulnerable y orientar políticas públicas más efectivas.

En contraste con la pobreza monetaria, que se basa exclusivamente en un umbral de ingreso, la pobreza multidimensional reconoce que las carencias pueden ser diversas y acumulativas. Las recientes caídas en este indicador, registradas por el DANE y referidas por el Banco Mundial, sugieren avances reales en los determinantes del bienestar, aunque persisten brechas que requieren un trabajo continuo por parte de las autoridades.