Venezuela y Argentina han usado las inversiones forzosas; los resultados son un desastre

La semana pasada, el presidente Gustavo Petro confirmó que su Gobierno impulsará un plan de inversión forzosa, el cual busca que el sector financiero invierta obligatoriamente en la economía popular. La idea es que el Estado disponga de parte de los recursos que guardan los bancos.

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El mandatario anunció que llevará el proyecto al Congreso de la República. Sin rodeos, explicó que desea manejar un porcentaje del ahorro que tienen las personas en los bancos para ofrecer créditos a actividades de producción con tasas de interés más bajas

Su idea se mete directamente con la plata que los ciudadanos han guardado en los bancos. Por tal razón, el presidente ha recibido críticas de expertos en economía, exmandatarios y más. Por su parte, los bancos anunciaron la presentación de una propuesta denominada el ‘Gran pacto por el crédito’.

Ante esta situación, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, explicó que en el siglo XX ocho países de la región implementaron 15 mecanismos que obligaban a destinar una parte de los ahorros de las personas a créditos de fomento. Sin embargo, fueron desapareciendo al no ser tan útiles.

Inversiones forzosas en bancos: ¿cómo ha sido en otros países?

Entre los países que implementaron las inversiones forzosas aparecen Brasil, Argentina, Honduras, Costa Rica, Bolivia y Venezuela, explicó La República. No obstante, actualmente solo existen en Venezuela y Bolivia.

El analista Luis Alberto Villamarín comentó en el periódico que en “Argentina, Brasil y Turquía hubo unos colapsos financieros que sacudieron a las bolsas y a la economía de esos países”.

Además, calificó esta estrategia como una “medida populista” contraria al crecimiento económico y a la sostenibilidad financiera. A su juicio, se induce a malgastar esos fondos —que no son del Gobierno ni de los bancos— pues son propiedad de los aportantes.

De acuerdo con el rotativo, Colombia también ha implementado las inversiones forzosas. Ocurrió en 1951. No obstante, se concluyó que encarecían el crédito para otros sectores y dificultaban la libre competencia, la asignación eficiente de préstamos y la adecuada gestión de riesgos, por lo que fueron desmanteladas en los años 90.