Petro exige militarización en frontera con Venezuela y refuerza Catatumbo ante crimen y tensión internacional

El presidente Gustavo Petro sorprendió a la opinión pública el 28 de agosto al anunciar la solicitud de militarización del lado venezolano de la frontera con Colombia y ordenar el incremento de tropas colombianas en la región del Catatumbo. Esta medida responde a la intención de enfrentar lo que calificó como “las fuerzas de la mafia”, involucradas en el crimen organizado y el narcotráfico transfronterizo. El anuncio llega en un momento de alta tensión regional, marcado por el reciente despliegue militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela, lo cual ha incrementado la volatilidad en esta frontera estratégica.

En su declaración, transmitida a través de la red social X (anteriormente Twitter), Petro subrayó la necesidad de una respuesta coordinada entre los dos países para combatir con eficacia el tráfico de drogas y la criminalidad que afectan a la región. Informó que actualmente hay desplegados cerca de 25.000 soldados colombianos en el Catatumbo y que, con la implementación del “Plan Frontera”, se sumarán hasta 10.000 efectivos adicionales en una zona donde ya operan entre 10.000 y 10.500 uniformados. El objetivo es reforzar el control territorial y desmantelar los grupos ilegales que operan a ambos lados de la frontera, según datos citados en medios regionales.

La frontera colombo-venezolana, de aproximadamente 2.219 kilómetros de extensión, es considerada un corredor crucial para el tráfico de drogas, armas y mercancías de contrabando. Diversos reportes, como los del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), sostienen que en esta región convergen bandas criminales, grupos guerrilleros desmovilizados, paramilitares y actores trasnacionales que aprovechan la debilidad institucional para expandir sus economías ilícitas. Asimismo, testimonios como los del exoficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Larry Johnson, recogidos por Sputnik, apuntan a que Venezuela mantiene unos 15.000 militares desplegados, con el argumento de combatir el narcotráfico, aunque recalcan que la producción de cocaína se concentra en Colombia.

El panorama se complica aún más con el despliegue de buques de guerra estadounidenses, incluyendo destructores y naves de patrulla marítima, que según Reuters tienen el fin oficial de reforzar operaciones antinarcóticos, pero han sido interpretados por el gobierno venezolano y el propio Petro como un factor de presión que puede transformar la dinámica de cooperación binacional en un escenario de confrontación militar o tensiones diplomáticas más profundas.

A nivel histórico, la cooperación transfronteriza en el Catatumbo ha sido frágil, condicionada por la desconfianza política entre los gobiernos y la ausencia de estrategias integrales que no solo privilegien el despliegue militar, sino que también fortalezcan el desarrollo económico, social e institucional. Expertos regionales, como la periodista de investigación María Teresa Ronderos (cita Fundación Gabo), señalan la relevancia de combinar acciones de seguridad con propuestas inclusivas que involucren a las poblaciones locales. Si bien la militarización promete un rápido aumento del control territorial, también incrementa el riesgo de confrontaciones involuntarias y posibles impactos sobre la población civil, como advierten informes del International Crisis Group.

En conclusión, la iniciativa de Petro expone la complejidad de una frontera marcada por décadas de violencia, economía ilegal y múltiples actores armados, cuya estabilidad depende de la cooperación efectiva entre Colombia y Venezuela. Sin una estrategia integral, el incremento militar podría escalar en conflictividad. El éxito requerirá de acciones sincronizadas, justicia social y un compromiso político renovado de ambas naciones para garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes del Catatumbo, una región clave para la estabilidad no solo nacional sino continental.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Por qué es importante coordinar estrategias de seguridad y desarrollo en la frontera colombo-venezolana?
La coordinación de estrategias va más allá de la simple militarización del territorio. Según especialistas y organismos internacionales como la UNODC e INDEPAZ, la frontera del Catatumbo no solo constituye un punto de paso para actividades ilícitas, sino que es también una zona de alta vulnerabilidad social y económica. Las soluciones centradas únicamente en el uso de la fuerza pueden ser insuficientes si no se acompañan de programas de inclusión social, fortalecimiento institucional y mejoramiento de la infraestructura, pues la pobreza y el abandono estatal alimentan los ciclos de criminalidad.

Por ello, la cooperación binacional debe contemplar tanto operativos conjuntos para combatir el narcotráfico como iniciativas para atender a las comunidades afectadas, fomentar el desarrollo alternativo y fortalecer el sistema judicial. La experiencia demuestra que la seguridad sostenible depende de abordar las causas subyacentes de la violencia, como la falta de oportunidades y la debilidad de las instituciones democráticas.

¿Qué significa el término “militarización” en este contexto?
Militarización alude al despliegue masivo de fuerzas armadas para controlar una región o enfrentar amenazas específicas. En el caso del Catatumbo, implica la presencia de miles de soldados tanto colombianos como venezolanos con el objetivo de reprimir actividades ilegales y restablecer el orden en la frontera.

No obstante, diversos expertos y organismos reiteran que la militarización tiene límites, ya que si no está acompañada de acciones sociales y diálogo político puede derivar en tensiones, vulnerar derechos humanos y complicar la vida cotidiana de las personas. Por eso, la militarización bien implementada se considera parte de una estrategia más amplia que involucra seguridad, gobernanza y desarrollo social.