Alternativa para conductores con multas de tránsito por pagar; pueden acceder a descuento

En Colombia, una infracción de tránsito no solo representa una sanción económica, sino que también puede convertirse en un obstáculo para la vida diaria si no se paga a tiempo.

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Según cifras del Simit (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito), solo entre enero y abril de 2025 se impusieron más de 360.000 comparendos a nivel nacional, lo que refleja una realidad común para miles de ciudadanos: las dificultades para asumir estas sanciones en medio de una economía apretada.

Sin embargo, no pagar una multa no debe traducirse en inacción. Existen alternativas legales para enfrentar esta situación sin agravarla. Según Luis Felipe Pérez Jaramillo, docente del programa virtual de Derecho de Areandina, “las personas tienen herramientas legales para gestionar estas obligaciones. No se trata solo de pagar o incumplir, también hay rutas jurídicas que pueden aliviar el impacto económico y evitar consecuencias más graves”.

Lo primero que debe saber es que una multa de tránsito es un acto administrativo con fuerza legal. Si no se impugna ni se paga dentro de los plazos establecidos, la autoridad de tránsito puede activar un proceso de cobro coactivo, que no requiere autorización de un juez. Basta con la orden del director de la entidad para iniciar el proceso de recuperación de la deuda.

Entre los efectos negativos más comunes se encuentran:

Cobro coactivo: puede llegar hasta el embargo de bienes, cuentas bancarias o el secuestro de activos del deudor.

Suspensión de la licencia de conducción: si la persona tiene multas pendientes, no podrá renovar su licencia una vez venza.

Impedimentos para trámites de tránsito: no podrá vender, comprar o registrar vehículos, ni acceder a servicios relacionados con movilidad.

Reporte a centrales de riesgo: la persona morosa puede ser reportada a bases de datos como Datacrédito, entre otras, afectando su historial crediticio.

Pérdida de descuentos por pronto pago: si no se cancela el comparendo dentro de los primeros cinco días hábiles desde la notificación, ya no se podrá acceder a beneficios económicos.

Cobro de intereses de mora: con el paso del tiempo, la multa acumula intereses que aumentan significativamente el monto final.

“Las personas creen que pueden dejar pasar la multa, pero esto es un error. El incumplimiento activa sanciones que afectan trámites cotidianos y deterioran su situación financiera”, advierte Pérez.

¿Qué opciones existen si no puede pagar de inmediato un comparendo?

Muchas de estas opciones están sujetas a disposiciones nacionales, como decretos o leyes de amnistía que deben estar vigentes al momento de solicitar el beneficio.

Acuerdo de pago: esta es la vía más común y consiste en hacer un compromiso formal con la autoridad de tránsito para cancelar la multa en cuotas. Se tramita directamente en la oficina correspondiente y puede incluir condiciones específicas como un porcentaje de abono inicial. No todas las Secretarías de Tránsito lo manejan igual, por lo que es clave acercarse directamente y conocer los requisitos.

Curso pedagógico de tránsito: si se realiza dentro de los cinco días siguientes a la imposición del comparendo, puede obtener un descuento de hasta el 50% en el valor de la multa, siempre que no haya reincidencia. Este beneficio también puede obtenerse a través de plataformas virtuales autorizadas.

Impugnación del comparendo: si considera que la infracción fue injusta o que no tuvo la debida notificación, puede presentar un recurso de impugnación. Esto suspende temporalmente la obligación de pago mientras se resuelve el proceso.

“El acuerdo de pago es la alternativa más utilizada, pero también la más desconocida. Muchos ciudadanos no saben que pueden evitar el cobro coactivo si acuden a tiempo y formalizan un plan de pagos”, destaca el docente de Areandina.

¿Qué no se puede hacer para pagar una multa?

Una duda frecuente es si se puede pagar una multa de tránsito con trabajo comunitario o canjearla por otro tipo de contribución. La respuesta es no. La Ley 769 de 2002, que rige el Código Nacional de Tránsito, es clara: todas las sanciones deben cancelarse mediante transferencia de dinero. La única excepción parcial es la asistencia a cursos pedagógicos, que ofrecen descuentos, pero no reemplazan el pago total.

Por otro lado, el Simit, aunque permite consultar el estado de las multas, no es el canal para negociar o gestionar acuerdos de pago. Este proceso debe hacerse directamente en el organismo de tránsito donde se impuso la infracción. Cada oficina tiene autonomía para aplicar la normativa según las condiciones legales vigentes.

Además, si el comparendo tiene más de tres años y no ha sido cobrada judicial o administrativamente, puede operar la prescripción, pero esto requiere iniciar un trámite legal formal con el acompañamiento de un abogado.