Ministerio TIC declaró caducidad de cuestionado contrato que embolató $ 70.000 millones

Este viernes se adelantó la audiencia clave que decidió el futuro del contrato para ejecutar un programa que impulsara los llamados Centros Digitales en 7.277 escuelas rurales del país en 15 departamentos.

El objetivo era que los centros educativos tuvieran conexión a Internet, pero ocho meses después de su adjudicación a la Unión Temporal Centros Poblados y de desembolsar 70.000 millones de pesos de anticipo a través de una fiduciaria en Estados Unidos, no ha pasado nada.

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Por eso, en la diligencia, el MinTIC determinó que el contratista incumplió su parte y declaró la caducidad del multimillonario contrato, informó Blu Radio.

La decisión sobre el proceso “es definitiva y no le precede ningún recurso de apelación”, aseguró El Tiempo.

Dicho diario también señaló que al declarar su caducidad, el contrato será asignado al contratista que tuvo el segundo mejor puntaje en el proceso por un valor total de 1,07 billones de pesos.

Mientras que Jorge Pino, representante legal del contratista, le pidió al Ministerio TIC que revocara el acto administrativo ante la ministra Karen Abudinen. El abogado aseguró también que se prejuzgó a sus clientes porque la funcionaria los llamó “ladrones inescrupulosos”.

La jefe de la cartera se pronunció a través de Twitter y compartió otras sanciones como la orden de cesar los contratos de la Unión Temporal vigentes con el Estado, una multa por 39.000 millones de pesos y la inhabilidad a los integrantes de consorcio para contratar con el Estado por cinco años.

Así fue la audiencia del proceso administrativo sancionatorio:

Ahora, la caducidad del contrato daría paso a un camino jurídico para recuperar el dinero, mientras que Centros Poblados está pidiendo que se le permita ceder el contrato.

Entre tanto, a la par avanzan otros procesos en la Fiscalía y la Procuraduría para investigar los retrasos y si el contratista entregó, como lo asegura el MinTIC, unos documentos bancarios falsos para respaldar la entrega de los recursos que están en riesgo de perderse.

En cuanto a la ministra Karen Abudinen, también tiene los ojos de las autoridades de control sobre su gestión y responsabilidad en la posible pérdida del dinero; además, desde el Congreso ya están citando a debates de  control político y de moción de censura contra ella.