Lili Pink habría movido casi un billón de pesos en contrabando, según la Fiscalía

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Durante la imputación de cargos a ocho procesados y la Fiscalía explicó cómo habría operado una red de empresas fachada dedicada a ilícitos.

La Fiscalía General de la Nación aseguró que la organización investigada por el denominado caso Lili Pink habría construido una compleja red de empresas fachada para ocultar operaciones de contrabando de ropa femenina y accesorios, un esquema que, según el ente acusador, permitió movilizar mercancías por cerca de $783 mil millones.

Los detalles fueron expuestos este jueves durante la audiencia de imputación de cargos contra ocho personas, a quienes la Fiscalía señala de integrar una estructura dedicada al contrabando y al presunto lavado de activos derivado de esas actividades. Según la investigación, el entramado utilizó sociedades constituidas tanto en Colombia como en el exterior para dar apariencia de legalidad a las importaciones.

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La fiscal Alejandra Gómez Freidel, de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, explicó que parte de la estrategia consistía en crear compañías en Panamá y Nicaragua que servían como soporte para las operaciones comerciales. Posteriormente, esas sociedades eran modificadas de manera constante mediante cambios de accionistas, representantes legales, direcciones y aumentos de capital, con el propósito de dificultar los controles de las autoridades.

De acuerdo con la investigación, varias de esas empresas fueron creadas en cortos periodos de tiempo y con inversiones reducidas, pese a que posteriormente aparecían vinculadas a operaciones comerciales de gran magnitud. Para la Fiscalía, esos movimientos hacían parte de una estructura diseñada para ocultar la verdadera naturaleza del negocio.

Uno de los ejemplos presentados durante la diligencia fue el de Pink Life S.A.S., sociedad constituida en 2015. Según el ente acusador, la empresa registró como socio fundador a Jonnatan Villamil Soler, quien, de acuerdo con la investigación, desempeñaba funciones de conductor dentro de la compañía principal.

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“Realmente ostenta el cargo de conductor al interior de la empresa, como único socio con un capital suscrito y pagado de 10 millones de pesos”, sostuvo la fiscal durante la audiencia.

En el proceso también fueron vinculados Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias. La Fiscalía les atribuye, según la presunta participación de cada uno, los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Con la presentación de estos elementos, el ente investigador busca demostrar que la organización habría utilizado una red empresarial para dar apariencia de legalidad al ingreso de textiles al país y ocultar el origen de los recursos obtenidos.