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De eso se han quejado durante los últimos días los congresistas que la promovieron, quienes piden que se agilicen los trámites en cuestión.
En mayo del año pasado, se aprobó en el Congreso la denominada ley de borrón y cuenta nueva en centrales de riesgo. Sin embargo, esta aún no ha entrado en vigencia, ni lo hará en un tiempo cercano, porque los trámites previos a su sanción presidencial se han dilatado bastante tiempo.
Como esta es una ley estatutaria, antes de que sea sancionada por el presidente Iván Duque debe ser estudiada previamente por la Corte Constitucional. Para ello, la Corte solicitó desde septiembre del año pasado algunos documentos que comprueben que el trámite legislativo se hizo de la manera correcta, pero lo cierto es que a los magistrados no les han llegado los archivos completos que les deben enviar desde la secretaría de la Cámara de Representantes.
Dos de los promotores de la ley de borrón y cuenta nueva, el senador David Barguil y el representante César Lorduy, se han quejado recientemente ante esta situación y le han pedido a la secretaría de la Cámara que no se siga demorando en el envío de los documentos que necesita la Corte para estudiar la iniciativa.
Lo peor de todo es que el concepto de los magistrados no es lo único que falta. Después de que se emita, vienen un par de trámites más, como lo explicó Lorduy en un artículo que escribió para el diario La Libertad.
“Una vez se recauden todas las pruebas, se debe solicitar al Procurador General de la Nación que se pronuncie sobre el asunto, y para ello, se le otorgan 30 días. Durante los primeros 10 días de ese término, la Corte recibirá comentarios de los ciudadanos que deseen participar en el trámite. Posteriormente, una vez el Procurador envía su concepto, el magistrado ponente tiene 30 días para elaborar el fallo. Por último, ese mismo magistrado tiene 60 días para exponerle ese proyecto de fallo a la Sala Plena de la Corte Constitucional, donde se debe tomar la decisión final”, detalló el congresista en la publicación.
Los promotores de la ley tenían presupuestado que, en el caso que se hubieran cumplido los plazos esperados inicialmente, esta fuera sancionada en abril de este año. Ahora que el procedimiento está embolatado, el panorama es incierto.
Los autores de la iniciativa calculan que cerca de 8 millones de colombianos se verán beneficiados por ella. Uno de sus pilares es que se les permita recuperar totalmente su vida crediticia a las personas que, a pesar de estar reportadas en centrales de riesgo, paguen todas las deudas por las que fueron incluidos allí.
A continuación, cinco de los puntos centrales de la ley de borrón y cuenta nueva:
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