Contraloría investiga presunto mal manejo de $ 30.238 millones para resguardos indígenas

Aunque no relacionó su anuncio con la minga indígena que se manifestó en Bogotá los últimos días, el ente de control hizo el anuncio en un comunicado en el que detalló que “Amazonas, con 21 procesos, encabeza el listado de estas investigaciones”, y “le siguen Nariño (con 15), Guajira (10) y Sucre (8)”.

“El proceso de responsabilidad fiscal de mayor cuantía”, prosigue la Contraloría, es por $ 8.032 millones y “tiene que ver con obras no realizadas” en una institución educativa y en “la construcción, adecuación y mejoramiento” de un internado; ambas en Puerto Gaitán, Meta.

En ese mismo municipio también se adelanta el segundo proceso más cuantioso, por $ 3.924 millones. A este le siguen otros por $ 2.319 millones, en Leticia, Amazonas; $ 1.499 millones, en Cali, y $ 1.428 millones, en Uribia, Guajira.

Estos últimos pasan por la construcción de sistemas de acueducto, construcción de plantas de tratamiento de agua potable y construcción de un sistema de almacenamiento, respectivamente, de acuerdo con la Contraloría.

Toda clase de irregularidades en el manejo de recursos para resguardos

“Buena parte de las investigaciones tienen que ver con irregularidades en convenios interadministrativos y entrega de recursos sin legalizar“, explicó el comunicado, en el que también se incluyó un listado de las irregularidades más comunes en esas investigaciones.

Utilización ineficaz e ineficiente de recursos, irregularidades en órdenes de compra, falta de soportes de los gastos, incumplimiento de órdenes de servicio, ejecución parcial de proyectos, pagos sin los requisitos de ley, compras con sobrecostos, incumplimiento de contratos, y faltantes en la ejecución de recursos, además de bienes, obras y servicios no recibidos o que no llegan en su totalidad, son algunas de ellas.

El ente agregó que entre el año 2000 y el 2019 “se tramitaron y terminaron 370 investigaciones fiscales por $ 43.197 millones” y “se produjeron 54 fallos de responsabilidad fiscal por $ 4.823 millones y resarcimientos en 19 actuaciones por un monto de $ 1.022 millones”.