Economía
Otro respiro para endeudados en Colombia por carga que quitan, aparte de tasas de interés
Un contrato caducado en 1996, por 1.200 millones de pesos, llevó a que la Contraloría llame a ETB a responder por las afectaciones contra sus clientes.
El contrato finalizado unilateralmente hace 27 años le provocó una multa de 7.600 millones de pesos a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), detalló el portal Asuntos Legales.
Este comprendía la construcción de redes telefónicas que, al no hacerse, afectaron a millones de colombianos que pasaron muchos años sin poder conectarse a líneas fijas.
El consorcio Jorge Ariel Velosa demandó en 1996 a ETB, pero la denuncia estuvo engavetada hasta 2006. Ese año, el contratista fue al Consejo de Estado y 12 años más tarde, en 2018, llego el fallo en contra de la empresa de telecomunicaciones.
Casi 30 años después de interpuesta la demanda, ETB ahora fue llamada ante la Contraloría para explicar las irregularidades en el contrato finalizado unilateralmente.
(Vea también: Hallan 16.250 dólares en alcantarilla de Bogotá (barrio Santa Fe); eran de 10 mexicanos).
Después del anuncio del ente de control, la empresa emitió un comunicado en el que dijo que ha venido demostrando que “el Comité de Conciliación tomó una decisión en derecho al no establecer un proceso contra su exfuncionario” vinculado con el caso.
La ETB agregó que en su momento se declaró la caducidad del contrato, según la entidad, “a partir de los reiterados incumplimientos del consorcio”.
La empresa dijo que no se identificó una conducta dolosa o gravemente culposa, pues su extrabajador en cuestión “actuó de acuerdo con la jurisprudencia vigente para la fecha”.
Además, en su justificación, ETB señaló que la jurisprudencia cambió 16 años después, “con una sentencia de unificación del Consejo de Estado”, en el año 2012.
Finalmente, la compañía dijo que se debe precisar que hoy no hay un fallo de responsabilidad fiscal en contra de ETB ni de ninguno de sus colaboradores por los hechos expuestos por la Contraloría.
El pasado 30 de diciembre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó una sanción que le fue impuesta a la aplicación de transporte en 2016.
Ese tribunal tumbó en primera instancia todas las sanciones que la Superintendencia de Transporte le impuso a Uber hace 7 años. Por tal razón, la entidad tendrá que devolverle a la aplicación los 451 millones de pesos que pagó como sanción, más los respectivos intereses.
Dicha multa fue pagada por la plataforma luego de que se determinara que había facilitado, incentivado o provocado la infracción de lo dispuesto en las normas que regulan el servicio público de transporte en Colombia.
La Supertransporte explicó en su momento que Uber “facilita un servicio de transporte en condiciones irregulares” y “facilita la violación de las normas” de tránsito. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de la aplicación y dejó sin peso las sanciones impuestas.
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