Susto por posible escasez de visas y pasaportes llevó a Cancillería a tomar decisión
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Visitar sitioUna licitación que compromete casi medio billón de pesos y que podría poner en riesgo el abastecimiento de visas y pasaportes en todo el país fue suspendida.
Las presuntas irregularidades en un millonario proceso de contratación obligaron al Ministerio de Relaciones Exteriores a suspender una licitación que compromete casi medio billón de pesos y que podría poner en riesgo el abastecimiento de visas y pasaportes en todo el país.
(Lea también: Pasaportes en Colombia tendrían gran cambio en el Gobierno Petro: se vería muy pronto)
En resumen, se trata de una licitación que ofrece 599.000 millones de pesos para suministrar, formalizar y distribuir pasaportes y etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica, todo eso durante los más tres años que le restan al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Pese a que el proceso para adjudicar ese contrato empezó desde el pasado 14 de abril, la Cancillería empezó a recibir múltiples críticas de las empresas oferentes y de los medios de comunicación porque las condiciones para quedarse con ese jugoso proyecto parecían favorecer al actual contratista: la multinacional Thomas Greg and Sons, una empresa familiar que ha manejado ese mercado de impresión de visas y pasaportes durante los últimos 17 años.
En efecto, la Cancillería publicó el pasado 24 de mayo un pliego de condiciones definitivo con el que, en la práctica, eliminaban a casi todos los competidores de Thomas.
Esto, pese a que la multinacional compite con gigantes y experimentadas compañías como Veridos, la imprenta nacional alemana; InGroup, encargada de esos documentos oficiales para Francia, Perú y varias naciones más y Cadena, una firma paisa aliada a la Casa de Moneda de Portugal que hoy les imprime pasaportes y documentos oficiales a varios países de Europa y América Latina.
Entre esos requisitos “imposibles”, como los calificaron algunos de los competidores, la Cancillería ponía trabas en los tiempos de implementación, pruebas técnicas y tipo de materiales y plantas que debía tener cada oferente.
Esa y más irregularidades fueron publicadas por EL COLOMBIANO –y por otros medios con investigaciones independientes– en distintos artículos que hablan de las condiciones que dejarían en desventaja a los demás competidores.
En ese artículo periodístico, titulado Colombia podría tener desabastecimiento de visas y pasaportes: este es el millonario contrato en la lupa de las autoridades, este diario contó las presuntas irregularidades y las molestias de las demás compañías nacionales y extranjeras que, además, señalaban al Gobierno Petro de estar violando los tratados de libre comercio e igualdad de condiciones para las empresas que compiten por licitaciones dentro del país.
Con todo eso, la Cancillería había publicado el pasado 29 de mayo un documento en el que expuso las fechas del cronograma de la licitación y aseguró que todos los movimientos podrán ser seguidos por los medios de comunicación como una medida de transparencia.
Pese a que en ese entonces el Ministerio aseguró que el proceso seguía en firme y que el contrato sería adjudicado, este martes se conoció que dio un reversazo y decidió suspender todo el proceso hasta nuevo aviso.
(Vea también: Dañan plan de colombianos que desean visa a Estados Unidos: a estas personas no se la dan)
En dicho “acto administrativo de suspensión”, la Cancillería argumentó que necesita tiempo para evaluar todos los requerimientos de los demás oferentes.
Riesgo de desabastecimiento en documentos de visa y pasaporte
Ahora bien, pese a que la suspensión del trámite tranquiliza a las demás empresas y envía una señal de que la Cancillería se estaría tomando en serio las posibles irregularidades que favorecerían a Thomas, lo cierto es que el abastecimiento de visas y pasaportes podría estar en riesgo en todo el territorio nacional.
Esto último teniendo en cuenta que el contrato actual va hasta agosto de 2023 y que, si se termina sin un nuevo contratista, Thomas dejaría de imprimir las libretas y ese trámite quedaría en un limbo jurídico.
Por ahora, una de las alternativas de la Cancillería sería prorrogar el actual contrato por unos meses más, aunque ese hecho podría acarrear sanciones disciplinarias para los funcionarios por no haber hecho el proceso de licitación a tiempo.
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