Crisis en hospitales de Caldas: deudas millonarias obligan a suspender cirugías y atenciones especializadas

La crisis financiera que afecta a varios hospitales e instituciones de salud en Caldas, Colombia, ha puesto en jaque la atención médica en la región. El detonante principal ha sido el incumplimiento en los pagos por parte de la aseguradora Nueva EPS, lo que ha obligado a entidades como el SES Hospital Universitario de Caldas a instaurar restricciones parciales y temporales en sus servicios. Esto significa una reducción significativa en la oferta de cirugías de alto costo y atenciones especializadas, con el objetivo de mantener la operación de urgencias y casos críticos, evitando el cierre total de servicios (Artículo original).

Según información proporcionada por el director científico del SES Hospital Universitario, Jhon Jairo Duque Restrepo, la deuda total que enfrenta la institución ronda los $67 mil millones, de los cuales más de la mitad corresponde a periodos previos a la intervención administrativa de la aseguradora. Una práctica problemática señalada es la depuración de la cartera por parte de Nueva EPS, que rechaza el 75% de las cuentas, deteriorando así la capacidad del hospital para invertir en equipos y tecnología, elementos esenciales para la atención moderna (Artículo original).

La gravedad del panorama no se limita a esta sola institución. La Clínica Avidanti, con una deuda reclamada de $171.800 millones, y el Hospital San Félix de La Dorada, que reporta $26 mil millones en la misma situación, han tenido que suspender la atención de usuarios. El Hospital San Juan de Dios, en Pensilvania, también se encuentra en riesgo ante la acumulación de una deuda cercana a los $900 millones. Tales cifras ponen en evidencia una realidad compartida en el departamento, que perjudica tanto a usuarios como al personal de salud.

El contexto departamental refleja una crisis estructural en el sistema de salud colombiano, caracterizada por intermediación financiera y demoras generalizadas en los pagos a los prestadores. El Ministerio de Salud de Colombia ha resaltado cómo esta mora compromete gravemente la continuidad y calidad de los servicios sanitarios. Además, la reducción en la prestación de servicios especializados obliga a los usuarios a desplazarse a otras ciudades, incrementando riesgos de salud, costes y una mayor presión sobre hospitales de referencia como los de Pereira, según reporta la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2023).

El impacto se siente también en la saturación de urgencias y cuidados intensivos. El SES Universidad de Caldas ha registrado hasta diez pacientes simultáneos en cuidados intensivos sin contar con camas disponibles. Clínicas como Avidanti, al suspender servicios, derivan pacientes a hospitales ya sobresaturados. El personal de salud, a su vez, enfrenta sobrecarga laboral, un malestar que ha sido documentado por la Asociación Médica Sindical ASMEDAS (2025), señalando tanto la fatiga crónica como episodios de maltrato derivado de la creciente demanda y las limitaciones institucionales.

Para enfrentar la crisis, el SES mantiene conversaciones abiertas con la administración regional de Nueva EPS, aunque la resolución de fondo depende de las directrices centrales en Bogotá. Existen compromisos pendientes, como la aprobación nacional de nuevas tarifas para 2025 y el ajuste de anticipos mensuales de pago al 90% de lo facturado, previamente prometido pero aún no oficializado. A la par, el hospital hace un llamado a los entes de control, como la Personería y la Contraloría, para que velen por el cumplimiento de estos acuerdos y solicita comprensión por parte de los usuarios ante las restricciones implementadas (Artículo original).

La ausencia de respuestas públicas por parte de la aseguradora y la dispersión del problema hacia otras instituciones subrayan la necesidad de una reforma profunda en los mecanismos regulatorios de la salud. El Centro de Estudios en Políticas Públicas y Salud (CEPPYS) advierte que la fragmentación del sistema de aseguramiento y los pagos atrasados debilitan la sostenibilidad del sector, afectando con mayor severidad a los hospitales públicos que atienden los casos más complejos (CEPPYS, 2024).

Por lo tanto, la crisis que afronta el sector salud en Caldas es un reflejo micro de las dificultades nacionales. Casos similares en regiones como Antioquia y Valle del Cauca reafirman la necesidad de reformas que faciliten una financiación ágil, una supervisión más sólida y la reducción de la intermediación financiera. Sólo a través de estos cambios se podrá fortalecer la capacidad institucional y asegurar la continuidad y calidad de la atención médica a la población.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Qué significa la “glosa” de cuentas en el contexto hospitalario colombiano?

La glosa es una práctica mediante la cual las aseguradoras revisan las cuentas presentadas por los hospitales y rechazan total o parcialmente los pagos, argumentando inconsistencias o faltas de documentación. En el caso de Caldas, Nueva EPS ha aplicado glosas sobre aproximadamente el 75% de las cuentas reclamadas, lo que reduce drásticamente el flujo de recursos hacia los hospitales, afectando su liquidez y capacidad de operación.

Este mecanismo, aunque busca controlar gastos y cumplir procedimientos normativos, puede causar atrasos significativos en los pagos, dejar de financiar servicios ya prestados y, como consecuencia, propiciar una cadena de restricciones en la atención. Hospitales y gremios médicos han señalado la necesidad de transparencia y reglas claras para evitar abusos y proteger tanto a las instituciones como a los pacientes.

¿Cómo afecta la crisis financiera a la atención en hospitales públicos y privados?

La crisis por falta de pagos oportunos impacta de manera diferente a hospitales públicos y privados, aunque ambos resultan perjudicados. Las instituciones públicas, como el SES Hospital Universitario de Caldas, a menudo reciben la mayor carga de pacientes en situación crítica y casos de alta complejidad que implican mayores costos operacionales y exigen capacidad tecnológica y humana superior.

Cuando se suspenden servicios o se imponen restricciones, la población más vulnerable enfrenta demoras, traslados a otras ciudades o incluso la imposibilidad de recibir tratamientos especializados. Así, la mora en los pagos pone en peligro la salud colectiva y revela la urgencia de equilibrar la financiación y planificación entre aseguradoras y hospitales para asegurar la atención continua.