Claro, Movistar y Tigo tiemblan por nueva jugada del Gobierno: clientes saldrían ganando

Si le ha pasado que en una zona del país no le sirve su celular o solamente funciona con normalidad un operador de telefonía móvil, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) plantea una solución.

El articulo 130 del documento señala que el espacio radioeléctrico usado por los operadores de telefonía e Internet (Claro, Movistar o Tigo) ahora deberá ser abierto. Es decir, no puede haber exclusividad en una región del país.

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“Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, que sean titulares de permisos para el uso del espectro radioeléctrico identificado para las telecomunicaciones móviles internacionales, deberán compartir el espectro radioeléctrico”, señala el artículo citado por El Tiempo.

Aunque suena como una jugada que el Gobierno plantea para ayudar a los ciudadanos y regular más a Movistar, Claro o Tigo, en el Congreso no lo ven así.

De hecho, el artículo se cayó en la Cámara de Representantes y solamente podría ser rescatado en la conciliación del Senado, que sí le dio el visto bueno a la propuesta, agregó ese diario.

El espacio radioeléctrico corresponde al conjunto de frecuencias usadas para las comunicaciones en dispositivos como los celulares.

Otras jugadas del Gobierno afectarían al pueblo, advierten expertos

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, expresó su molestia por la aprobación de artículos que son malos para la vida de los colombianos. Especialmente, habló de los que no regulan contratos con entidades públicas.

“La mejor forma de proteger los derechos de los ciudadanos es la correcta y eficiente asignación de los recursos públicos. Por tal motivo, es conveniente revisar con cuidado lo concerniente a una nueva modalidad de contratación pública, que consiste en alianzas público-populares”, detalló el funcionario.

Añadió que ese artículo de nuevas alianzas populares es muy peligroso y hasta puede llevar a que la corrupción no se pueda rastrear en caso de ocurrir.

“De manera especial, porque esto generaría riesgos de corrupción y manejo político de los recursos estatales, además de crear fondos y patrimonios autónomos que dan el manejo de los recursos públicos sin cumplimiento de las leyes de contratación (Ley 80)”, sentenció.