Nación
Abogado de 'Epa Colombia' deslizó interés real de Petro en que la liberen: "Estallido social"
Desde distintos sectores han criticado las modificaciones que tendrán los contratos de ese tipo porque, aseguran, provocaría inestabilidad laboral.
Aunque la semana pasada el Departamento Administrativo de la Función Pública emitió una circular que ordenaba a las entidades estatales firmar contratos de ese tipo solo hasta abril, hubo un reversazo y ahora se podrán suscribir durante todo 2023.
(Lea también: Más de 6.000 personas iniciarían 2023 sin empleo en Colombia; hay lío con sus contratos)
La modificación se hizo luego de que el Ministerio del Trabajo evidenciara falencias en el cambio que pretendía llevar a cabo Gustavo Petro en los primeros meses de 2023. Falta de recursos, el principal obstáculo.
En ese sentido, se emitió una nueva circular que ordena que los contratos por prestación de servicios se firmen por plazos que no superen los cuatro meses. Además, advierte que el plazo podrá ser superior solo cuando el contratista sea una mujer en estado de gestación, en licencia de maternidad, que tenga limitaciones de salud, o en caso que sea absolutamente necesario para evitar suspensiones de servicios.
Las modificaciones establecidas en la circular de Función Pública recibieron múltiples críticas. Desde la oposición y hasta de los partidos de Gobierno se lanzaron cuestionamientos porque señalan que se podría impulsar la inestabilidad laboral en el país.
La representante Catherine Juvinao aseguró que establecer que los contratos por prestación de servicios tengan una duración de cuatro meses promoverá una dinámica de chantaje.
Por su parte, el excandidato a la vicepresidencia Rodrigo Lara Sánchez comentó que la renovación de muchos contratos será en plena época electoral, por lo que, a su juicio, miles de colombianos se podrían sentir manipulados para no quedarse si empleo.
Del mismo modo, otros políticos y trabajadores del común han hecho reparos a la instrucción dada por el Gobierno Petro a las entidades para que poco a poco vayan eliminando la contratación por prestación de servicios. La mayoría apela a que provocará inestabilidad e incertidumbre laboral.
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