Activo Legal
Opinión de Activo Legal

Uno de los grandes retos que buscan superar las empresas colombianas, o quienes desean participar de este mercado, es la falta de conocimiento de los riesgos jurídicos que corren por no detectar y corregir a tiempo los incumplimientos legales y de carácter técnico de las actividades realizadas, independientemente del sector en el que la organización actúa. En Activo Legal nos convertimos en el valor diferenciador de su empresa, enfocándonos en la consecución de los intereses específicos que desee alcanzar. Nuestra estrategia para el crecimiento y triunfo de su organización se basa en la prestación de un servicio preventivo, al contrario de lo habitual, que es la de actuar de manera reactiva para subsanar los equívocos o errores que día a día puedan presentarse; de esta manera se reducen los costos de operación que su organización debe asumir.

La prostitución, su mercado y su prohibición

En Colombia existe un importante mercado de prostitución; la forma de afrontarlo determinará la calidad de vida de quienes la ejercen.

 
marcha de las putas
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La Corte Constitucional ha dado un paso más por el camino de garantizar la protección de las mujeres (y los hombres en su defecto) que se dedican a la prostitución en Colombia.

El caso que conoció este tribunal fue el del cierre de una casa de prostitución en la ciudad de Yopal; luego de desarrollarse un nuevo ordenamiento territorial por el Consejo Municipal, con el cual se cambiaba la zona de tolerancia del municipio y de esta manera se obligaba a ese establecimiento a mudarse a las afueras de la ciudad, este debía establecerse en la nueva zona de tolerancia o a cerrar sus puertas de manera definitiva.

La dueña del prostíbulo instauró una acción de tutela en la que sostenía que las autoridades municipales estaban violando sus derechos y el de sus trabajadoras al trabajo, al mínimo vital y al libre desarrollo de su personalidad.

La Corte Constitucional, considerando las normas y la poca regulación que se tiene sobre esta actividad, falló a favor del prostíbulo obligando a las autoridades públicas a concertar con la tutelante “un plan de reubicación que garantice las condiciones para que sea posible la continuidad de su actividad comercial en la nueva zona”.

El debate empieza cuando esta misma Corte le ordena a este municipio (y por ende, puede ordenarle a cualquier otro) que debe asegurar que en su jurisdicción exista una zona de tolerancia donde se puedan realizar este tipo de actividades con condiciones mínimas de salubridad y de dignidad para las trabajadoras (y trabajadores), y asegurar que en la misma zona existan locales que se puedan destinar para esta actividad o que exista la posibilidad de construir nuevos locales.

Para los que critican y además buscan instaurar políticas de persecución para estas actividades, la actitud de la Corte Constitucional es llanamente la de promocionar y proteger la prostitución; lo que en últimas, para estos críticos, llevaría a acrecentar la actividad, aumentar el número de personas que se lucran, el número de las mujeres que son explotadas y la aceptación de la prostitución en Colombia.

Para estos críticos –feministas, conservadores (no necesariamente del partido político) y comunidades religiosas- la única actitud que se debe tener ante la prostitución es la de repudio y por lo tanto buscar desaparecerla; encarcelar a quienes explotan a estas mujeres (proxenetas) y quienes adquieren un servicio (clientes).

Es más, y ha sido la política más usada, algunos de los más reaccionarios (irónico que sean estos, cuando se tilda la prostitución como la labor más antigua de la historia) abogan por la persecución también de quienes proveen el servicio, es decir la persecución a la misma prostituta.

Sus razones son tanto morales como de protección a las mujeres que son víctimas de la “explotación sexual”. En primer lugar, se condena una sociedad donde esta actividad se ve como cualquier otra labor, ya que degrada a la mujer a mero. En segundo lugar, el prohibicionismo se basa en que las mujeres inmersas en la actividad no escogieron esa vida, son forzadas y obligadas a vender su cuerpo o por otra parte prohibir una actividad que algunas mujeres ejercen como profesión.

Los efectos de la persecución

El problema con la búsqueda de eliminar esta actividad de la faz de la tierra, es que es la misma prohibición la que lleva a que la actividad se vuelva de alto riesgo y que crea las condiciones para que las mujeres sean abusadas, maltratadas y esclavizadas.

Las normas que persiguen la prostitución no la eliminan, solo llevan a que la actividad opere en el mercado negro, es decir sin normas e instituciones que garanticen condiciones mínimas de seguridad y salubridad para las mujeres.

Mauricio Rubio, experto en temas de prostitución, menciona que en París, por ejemplo, donde la actividad es perseguida, el principal enemigo de una prostituta no son ni los clientes ni su proxeneta, es la misma policía parisina.

Que el mismo Estado sea el enemigo de estas mujeres lleva a que su actividad sea más peligrosa. Estas mujeres, para no ser identificadas, se ubican en calles y callejones oscuros y de escasa seguridad; al no querer ser identificadas prescinden de llevar preservativos en sus carteras, lo que es un empujón perverso a contraer distintas enfermedades de transmisión sexual.

Pero entre todos los problemas que puede generar su persecución, el principal es no contar con una institución que garantice el ejercicio de su actividad. Si una prostituta es abusada durante su trabajo tanto por su proxeneta como por un cliente, no tiene ningún lugar o entidad al que recurrir para acusar y corregir este desagravio, abuso o robo.

La prostitución al ser un mercado sufre de las mismas consecuencias que cualquiera si es prohibido, siendo los proveedores, en este caso las prostitutas, los primeros damnificados.

Como ya se dijo, el abandono institucional es el peor problema que genera la prohibición de la prostitución. Sin estas instituciones que garantizan los mismos derechos a estas trabajadoras que a sus clientes, no es posible que se desarrolle una efectiva economía de mercado. La prostituta tendría siempre inseguridad jurídica y social para realizar su labor. Lo cual incentiva y crea un escenario propicio para la trata de personas, su esclavización, robo y abuso.

De la misma manera, al no existir institucionalidad legal, se desarrollan instituciones de violencia; esto es que los desacuerdos o conflictos que se generen en este mercado negro se solucionan por medio de la territoriedad, la fuerza y la violencia (lo mismo que sucede en el mercado de las drogas).

Siendo prohibitivo este mercado, surge también una delincuencia asociada: los precios suben y las condiciones de abuso también, llevando que la oferta de este mercado se concentre en aquellas personas que ganen más de la actividad (abusando más de sus trabajadoras) y que sean más efectivos al resolver los conflictos de manera violenta; los criminales empiezan a apoderarse de la oferta de este mercado. También se da pie para la iniciación de otras actividades ilegales como es el tráfico de drogas, extorsión, inmigración ilegal y esclavismo.

Por último, otro efecto de esta prohibición es el aumento del gasto público y la dispersión de las labores de policía en la persecución de estas actividades.

En otras palabras, con el objeto de hacer cumplir la prohibición se debe destinar dinero a este rubro, llevando a que se aumenten los impuestos de los ciudadanos; por otro lado, la policía adquiere otra función más que cumplir, dispersándose de su verdadero objetivo que es hacer más segura su jurisdicción, y no perseguir una transacción entre un cliente y una prostituta (o gigoló).

Legalización no implica desregulación 

Es mentira que legalizar esta actividad podría llevar a que se creen incentivos para la prostitución infantil y la trata de personas. El Estado colombiano estipula claramente como tipos penales la explotación sexual y el proxenetismo con menores de edad.

Si se busca que se eliminen los abusos en este mercado es necesario que se trate como cualquier otra profesión, en la que no es posible que menores de edad puedan ejercerla y en el que se haga de manera totalmente voluntaria.

En esto último se debe destacar que la actividad de la prostitución funciona como cualquier otro contrato: una persona ofrece un servicio o bien y otra persona entrega algún dinero para adquirirlo. El papel del Estado no es más que el de ser un árbitro neutro. Sin ningún miramiento moral. Solo ejerciendo su papel de garantista en la ejecución de los derechos de sus ciudadanos. El papel moral se daría en otras instituciones: el colegio, la familia, la iglesia, la misma sociedad civil.

Desde un punto de vista moral es difícil tomar una posición sobre la validez de esta actividad: nadie querría que su hija o alguna persona cercana tuviera que adoptar esta forma de vida como medio para sobrevivir o de alimentar a su familia.

Sin embargo es importante considerar que los intentos para eliminar la prostitución de una sociedad generalmente llevan a mayores abusos e inseguridad de quienes la ejercen y la creación de los incentivos para una sociedad más violenta e insegura.

Nota: Las opiniones expresadas solo comprometen a su autor y no pueden considerarse una posición oficial de Pulzo.com.

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