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La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) envió una comunicación al Inpec para que de manera urgente y prioritaria brinde atención médica especializada al exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, quien al parecer presenta quebrantos de salud. Sus molestias estarían relacionadas con las afectaciones derivadas de los cuatro contagios de COVID-19 cuando estuvo preso en una cárcel de Estados Unidos.
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En este caso, la defensa había enviado una carta a los magistrados de la JEP en la que daba cuenta de las dolencias de Mancuso. Citaba que, aunque su cliente sobrevivió en cuatro oportunidades al mortal virus, había quedado con serias complicaciones que ponían en riesgo su vida si no contaba con la debida atención.
Por ejemplo, dice el abogado que Mancuso tiene una arritmia, una hernia inguinal y taquicardia constante. Además, le preocupa que su ritmo cardiaco no es acorde a su edad, por lo que piden tomar medidas de fondo y urgentes.
“Padezco alta presión sanguínea, una arritmia irregular y taquicardia, además de un ritmo cardiaco acelerado que excede las 120 pulsaciones por minuto, junto con una hernia inguinal. Este cuadro clínico, especialmente preocupante a mis 59 años, es el resultado directo de haber sobrevivido a cuatro contagios de Covid-19, los cuales estuvieron cerca de resultar fatales. Por lo tanto, solicito se tomen en cuenta estos factores en el análisis de mi situación”, escribió el exparamilitar.
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Al leer la carta, la JEP encontró razones suficientes para ordenar la práctica de análisis y exámenes médicos que permitan establecer en qué condición se encuentra el exparamilitar y en caso de ser necesario, iniciar los tratamientos que permitan salvaguardar su vida.
“Solicitar, de manera urgente al Director del Centro Penitenciario La Picota, en la ciudad de Bogotá y el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- se sirvan tomar las medidas correspondientes con el fin de que se le brinde la asistencia médica especializada con carácter inmediato al señor Salvatore Mancuso Gómez, privado de la libertad bajo su custodia y seguridad”, respondió la JEP.
Adicionalmente, el Tribunal dio un plazo de 12 horas a las directivas del Inpec y de La Picota para que envíen un informe “sobre las acciones médicas realizadas al señor Salvatore Mancuso Gómez”,
¿Qué ha pasado con Salvatore Mancuso?
Hace 38 días que Salvatore Mancuso llegó deportado a Colombia. Llevaba 16 años preso en una cárcel de Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de activos. A su llegada al país fue recluido en la cárcel la Picota de Bogotá, en uno de los pabellones de máxima seguridad, en una celda completamente aislado.
Fue uno de los máximos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), temido grupo paramilitar responsable de miles de masacres, desplazamientos, violaciones y otros delitos de lesa humanidad.
Regresó a Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro lo invitara para asumir tareas como gestor de paz. Inicialmente, se creyó que bastaba el pedido de Petro para que Mancuso, una vez deportado, estuviera libre. Sin embargo, se ha encontrado con jueces que no lo han permitido porque aún debe responder en Colombia por más de 65 mil hechos criminales, por lo que su libertad significaría impunidad y hasta un indulto.
Inicialmente, su situación jurídica estaba en manos de los magistrados de Justicia y Paz. Sin embargo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), decidió asumir el conocimiento de todos los procesos al exparamilitar y le arrebató poder de decisión a Justicia y Paz.
Esta situación desató un choque de competencias entre ambas justicias transicionales. El conflicto llegó a la Corte Constitucional para que allí se resuelva si es la JEP o justicia y Paz el tribunal competente para destrabar el futuro de Mancuso y decidir frente a sus condenas y eventual libertad.
Precisamente, el día de ayer el magistrado Carlos Andrés Pérez de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, recordado por haber sido el primero en oponerse a la excarcelación del temido hombre, instauró otro conflicto de competencias ante la Corte por el mismo pleito. Es decir, si los expedientes de Mancuso pasan o no a la JEP.
Lo cierto es que los magistrados de Justicia y Paz han dejado claro su descontento con lo que han catalogado como una ‘intromisión’ de la JEP. Inicialmente, el magistrado José Manuel Bernal, de Bogotá, reprochó la actuación. Criticó que se haya arrebatado autonomía a sus despachos y se encargó de instaurar el primer conflicto por competencias.
Posteriormente, el magistrado Pérez, de Barranquilla advirtió: “la decisión asumida por la JEP entre otros aspectos, genera un caos para las víctimas, al punto que los trámites que actualmente cursan en las Salas de Conocimiento de Justicia y Paz cesarían y desaparecerían las opciones de condenas civiles a postulados e indemnizaciones judiciales, porque, como se acaba de resaltar, la JEP no tiene, ni la normativa, ni la logística para estudiar caso a caso ese tipo de asuntos patrimoniales”.
Por ahora, sigue pendiente la decisión de la Corte Constitucional. Mientras tanto, Mancuso deberá seguir privado de la libertad.
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