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La educación como derecho fundamental es una iniciativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro al que la mayoría del Congreso le ha dado el visto bueno. En la noche de este 8 de abril, la Cámara de Representantes aprobó el 53% del articulado que pretende convertirse en una reforma a la educación.
El debate se prolongó por seis horas en la plenaria de la Cámara y el resultado fue la aprobación de 23 de los 43 artículos que componen esta iniciativa del Gobierno.
“Agradecemos a los honorables representantes a la Cámara de todas las bancadas por los valiosos aportes que han hecho para fortalecer el proyecto de ley estatutaria a la educación a través de más de 600 proposiciones. Hoy logramos avanzar con la votación de la mayoría del articulado en un ambiente de respeto por las diferencias, donde ha primado el bien común y los consensos en torno al presente y futuro de la educación en Colombia”, señaló la ministra de Educación, Aurora Vergara al cierre de la sesión.
A diferencia de la reforma pensional, laborar y de salud (que ya terminó hundida por la Comisión VII del Senado), el proyecto de reforma a la educación parece que tiene consolidadas las mayorías en el Legislativo para ser aprobado antes del cierre de la legislatura el 20 julio.
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Durante la discusión, la Cámara avanzó en aprobar los artículos que buscan garantizar el acceso a la educación a la población rural, a las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y Rrom o gitano. También los artículos que buscan integrar al sistema a las personas privadas de la libertad y a las víctimas del conflicto armado.
También se avanzó en aprobar las garantías laborales y de dignificación del personal docente y directivo docente.
“Lo importante de este proyecto de ley estatutaria #EducaciónDerechoFundamental es que no es un proyecto de partidos, sino que es para todos los colombianos. Queremos una educación de calidad en todo el territorio nacional”: @CastilloMarelen. pic.twitter.com/w3hJLAnzvm
— MinEducación (@Mineducacion) April 9, 2024
“Logramos hacer un trabajo técnico con los equipos legislativos de la corporación y hemos acogido todas las proposiciones que estaban alineadas con el núcleo esencial del derecho a la educación consagrado en la Carta Magna. La nación requiere esta ley y estamos ad portas de lograrlo”, señaló Jorge Eliécer Tamayo, representante de la U y ponente del proyecto.
El objetivo de este proyecto de ley estatutaria –que todavía tiene pendiente un debate en Comisión Primera del Senado y otro en plenaria– pretende garantizar la educación como un derecho fundamental desde el prejardín hasta el pregrado.
Con esto, el Estado tendría que ser garante de acceso a todos los ciudadanos que se quiera educar en esos niveles.
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Los cálculos entregados por el Ministerio de Educación refieren que el impacto fiscal del cambio del esquema de transferencias (giro de recursos) a las universidades públicas sería de $1,1 billones en 2024, de $2,1 billones en 2025 y de $3,4 billones en 2026.
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Este articulado ahora tiene que enfrentarse al tiempo. Tiene hasta el 20 de julio para que la Cámara termine de discutir –el 47% de los artículos restantes– y para que la Comisión Primera y la Plenaria del Senado terminen de aprobar este proyecto del gobierno.
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