De acuerdo con lo que ha trascendido de las discusiones entre las Farc y Gobierno en la mesa de diálogo de La Habana, una de las diferencias grandes es la del desarme de los miembros de la guerrilla.

Las Farc aceptan que el proceso de dejación de armas comience 60 días después de la firma del acuerdo de paz, pero no le ponen un límite definitivo en el tiempo, algo que el Gobierno no acepta, según publica El Tiempo.

De acuerdo con la propuesta de los negociadores, ese proceso solo comenzaría a partir del 31 de diciembre de 2016.

El gobierno, de su lado, pretendía que las Farc se comprometieran el pasado miércoles con un cronograma preciso para llegar al final de las negociaciones, y a pesar de los esfuerzos de última hora y del respaldo internacional, no se logró concretar una propuesta que se pudiera firmar.

Esa noche, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, declaró que no se logró llegar a un acuerdo

que ponga orden en un proceso de dejación de armas, con plazos fijos, sin zonas grises”,

señaló De la Calle.

Las Farc, por su parte, señalaron en relación con el mismo tema que los avances en el acuerdo contemplan que este se cierre este año, sin fijar la fecha que el Gobierno espera de la dejación de armas.

La razón de las Farc para no aceptar un cronograma con una fecha precisa es el incremento de las muertes de dirigentes de izquierda y la falta de una garantía real de que una vez se desmovilicen no van a ser exterminados como ya ocurrió en los años 80 cuando murieron 3000 militantes de la Unión Patriótica.

Respecto del tema de las garantías de seguridad para los desmovilizados, el jefe de las Farc, ‘Timoleón Jiménez’, expuso que no hay acciones desde el Estado para acabar con el paramilitarismo, según publica por su parte El Espectador.

Esta preocupación fue la razón por la que el secretario de Estado, John Kerry, expuso que el acuerdo aún está lejano y ofreció el apoyo de su gobierno en el tema de la protección.

El tema de las zonas de concentración es otro de los que dificultan que se llegue a un acuerdo.

La propuesta del gobierno fue la de crear 11 zonas de concentración, limitadas a 10 kilómetros cuadrados cada una y una restriccción del porte de armas a un 5 por ciento. Estas zonas, además estarían alejadas de los cascos urbanos y de las áreas de frontera.

Cayó tan mal esta idea que el jefe de las Farc leyó un comunicado a sus frentes en el que les advierte de estar atentos a una posible reanudación de las acciones armadas si el gobierno “los traiciona”.

Para el Gobierno, estas zonas son un espacio para identificar a los guerrilleros, aclarar su situación jurídica y facilitar su tránsito a la vida civil, señala por su parte Semana.

Para las Farc, estas zonas son para hacer su tránsito de su acción armada a la actividad política. Se trataría de zonas más amplias, con población civil con la que tendrían posibilidad de interactuar.

A estas dificultades se suman los temas aún pendientes por precisarse en el acuerdo sobre justicia transicional y el más complicado de todos: la refrendación de los acuerdos, tema en el que el plebiscito que sugiere el gobierno tampoco es avalado por la guerrilla.

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