La Procuraduría cerró la investigación contra Sergio Fajardo por supuestas irregularidades en la firma de un contrato para sustituir la deuda del departamento cuando se desempeñaba como Gobernador de Antioquia, entre 2012 y 2015.

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La decisión no beneficia solamente al exgobernador y excandidato presidencial, sino que también cobija a María Eugenia Escobar, quien era secretaria de Hacienda e integrante del Comité Financiero y Tesorería; y a Laura María Álvarez, subsecretaria en la Secretaría de Hacienda Departamental de Antioquia durante 2015.

El expediente trata de los mismos hechos por los que Sergio Fajardo es investigado penalmente en la Fiscalía. Resulta que cuando era gobernador celebró el 5 de diciembre de 2013 un contrato por US$ 98 millones con el banco Corpbanca y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), que se hizo en dólares, pero se desembolsó en pesos.

Por esto, el Ministerio Público investigaba al exfuncionario por las conductas de contrato sin el cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación en favor de terceros.

El Ministerio Público explicó que Fajardo acogió las recomendaciones de varios expertos sobre las proyecciones de firmar la deuda en dólares, quienes dijeron que le esperaría una tasa de cambio por debajo de los $2.200, pero la subida de los precios del petróleo y la inflación mundial dispararon el valor del dólar.

La Fiscalía ha reprochado que, cuando se iba a realizar el pago del préstamo, el precio del dólar había triplicado su valor, por lo cual se habría presentado un sobrecosto que habría generado una pérdida de más $320.000 millones para el departamento.

Pero otra visión tiene la Procuraduría. En la decisión de archivo, la entidad concluyó que, ni en el auto de la Procuraduría de Antioquia que abrió la investigación disciplinaria, ni en el informe de la Contraloría que hizo lo propio en el frente fiscal, se señalaron las razones por las cuales consideraron que la deuda adquirida constituía una deuda externa. Es decir, no existe en un sustento suficiente para respaldar dicha afirmación.

El material probatorio de la Procuraduría explicaba el aumento de la deuda del departamento de Antioquia durante la administración de Fajardo, que pasó de $600.000 millones a cerca de los $1,2 billones. Por su parte, el exgobernador manifestó que lo que se buscó fue sustituir de pesos a dólares una parte de la deuda que tenía el departamento durante su administración y que siempre hubo transparencia.

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La Procuraduría acogió los argumentos de la defensa de los tres investigados, diciendo que los contratos fueron debidamente planeados y analizados desde el punto de vista financiero y legal, tanto los estudios previos llevados a cabo para su firma, así como en el documento final previo a la celebración de los contratos. Asimismo, concluyó que las operaciones de crédito estaban plenamente justificadas, eran necesarias y convenientes para las finanzas del departamento de Antioquia, sin que les fuera obligatorio prever cambios en la economía.

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