Los 25 firmantes del documento en el que hacen la solicitud aseguran que desde 2012 han recibido denuncias sobre “presuntas violaciones de derechos humanos contra las comunidades campesinas y víctimas del conflicto armado”, que en su mayoría han ocurrido durante la “construcción de la hidroeléctrica y de las movilizaciones para protestar por los diferentes impactos” que tiene la obra en la región, explica la misiva.
Esta solicitud llega por que el llenado del embalse está programado para el próximo primero de julio, y para la Eurocámara esa acción “significaría la posibilidad de que cientos de familiares de víctimas de desaparición forzada en Colombia pierdan la oportunidad de hallar a sus seres queridos”.
Los miembros del Parlamento Europeo le pidieron al Fiscal Néstor Humberto Martínez; al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y al gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Londoño, a garantizar que en la zona “no quedan más cuerpos por exhumar, antes del llenado del embalse”. Y hasta tanto no tengan confirmación de eso, “suspender el llenado del embalse hasta que estas labores no sean debidamente realizadas en su totalidad”.
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La carta también indica que esta construcción podría afectar los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición porque está ubicada en “una zona con presencia de fosas comunes y cuerpos dispersos que por la violencia han bajado por el río y las comunidades ribereñas han dado sepultura”.
Adicionalmente, reclaman que las comunidades que sobreviven por su trabajo en el río Cauca no hayan sido reparadas ni indemnizadas por la pérdida de sus fuentes de vida, pues de allí depende su subsistencia y por exigir el respeto de varios de sus derechos que han sido afectados por la construcción del proyecto Hidroituango han sido “amenazados, judicializados y perseguidos”.
La Eurocámara también pidió a las autoridades una reparación integral, indemnización, reubicación o compensación para las familias afectadas por la obra. Además de “abstenerse de realizar desalojos forzosos que impliquen desplazamientos” por la construcción; y que el Esmad, otro grupo estatal, o cualquier grupo armado ilegal no violen los derechos humanos de estas personas.
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