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El lado bueno de los datos mineros es que Antioquia es el departamento del país con mayor producción de oro; la parte mala es que esa misma circunstancia hace que figure también en las alarmas sobre los altos niveles de mercurio y plomo presentes en su jurisdicción como consencuencia de la extracción ilegal del metal precioso en su jurisdicción.
Dicha problemática se siente sobre todo en los ríos Cauca y Nechí que son cruciales para el abastecimiento de agua en muchos municipios del territorio regional. La alarma por el daño ambiental ha llevado a los órganos de control a pensar en medidas para contrarrestrarlo y por eso, este martes la Procuraduría General de la Nación instaló en Medellín la Mesa Territorial Contra la Minería Ilegal y la contaminación por Mercurio.
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“Preocupa la minería ilegal y detección de metales pesados en ríos del departamento que afecta a las comunidades concentradas en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. Entre 2014-2022 Antioquia fue el segundo departamento con más explotación ilícita detectada, registrando 37.843 hectáreas”, denunció la Procuraduría previo a la jornada, que será apenas el primero de varios encuentros que se programan dentro de la estrategia “Colombia: sin minería ilegal y sin mercurio”.
Estas acciones son financiadas por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por su sigla en inglés) de la Embajada de Estados Unidos.
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En la cita, hasta ahora han surgido las siguientes cifras: en el periodo comprendido entre 2017 y 2022 la producción acumulada del país se ubicó en 171,3 toneladas de oro y más de la mitad, el 50,1 por ciento fue extraído de lugares con títulos mineros mientras que el 44,2 % fue producto de la labor de barequeros, es decir mineros informales que no cumplen con las buenas prácticas de sostenibilidad ambiental, de acuerdo con fuentes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito UNODC.
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Otro dato que se desprende de lo anterior es que Colombia es considerado el mayor emisor de mercurio per cápita y por eso un reto inaplazable es buscar su erradicación, más si se tiene en cuenta que el Estado colombiano se comprometió por el Convenio de Minamata, ratificado por la Ley 1658 de 2013, a eliminar el uso de ese químico en la minería para el año 2018.
En un informe del año pasado, la misma Procuraduría señalaba que por lo menos 13 municipios de Antioquia seguían figurando en el mapa caliente de 83 sitios con potenciales impactos por contaminación con mercurio, a pesar de que las explotaciones correspondientes a 1.219 títulos habían dejado de usarlo. Y en el actual contexto, el Ministerio Público precisó que el departamento es determinante en el monitoreo y vigilancia para alcanzar ese cometido.
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La Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios de la Procuraduría recordó que la minería ilícita causa daños irreversibles en la naturaleza, pone en riesgo la salud de las personas y genera problemáticas de orden público, migraciones y violaciones a los Derechos Humanos. Fuera de eso, es una práctica asociada casi siempre al trabajo infantil y la deserción escolar, entre otras.
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En la Mesa Territorial de Antioquia participan el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud y el de Defensa. Igualmente, en ella se dan citas otras autoridades como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). También tienen presencia el Ideam, Ministerio de Salud y el Instituto Alexander von Humboldt.
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