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Manuel Ranoque, padre de los cuatro niños perdidos durante 40 días en la selva del Guaviare, tendrá este martes 15 de agosto que presentarse para conciliación con la empresa dueña de la avioneta donde se accidentaron los menores y la madre de ellos, fallecida por el choque.
El hombre, quien actualmente se encuentra privado de la libertad y está siendo investigado por los delitos de abuso a menor de 14 años, había presentado ante la Procuraduría una millonaria demanda contra la compañía.
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Se espera que a las 10:30 a. m., llegue al Centro de Conciliación de la Procuraduría General en Bogotá Manuel Ranoque Morales, los directivos de la empresa de aviación Avianlene Charter’s SAS y la representante de los niños, quienes están bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); la entidad busca no exponer a los menores. Sin embargo, no es claro si el hombre pueda asistir, ya que se encuentra privado de su libertad desde el pasado 11 de agosto.
En la demanda que presentó el padre de los menores que se perdieron durante 40 días en la selva del Guaviare, pide cerca de $ 1.450 millones por los perjuicios morales y materiales causados a él y a sus hijos. El padre de los niños rescatados buscaría que Avianlene Charter’s SAS, empresa responsable de la avioneta que se estrelló, sea declarada responsable civil y contractualmente del accidente, toda vez que era la garante de la seguridad de los tripulantes de la aeronave.
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Lo que solicita la demanda es que la empresa, además del dinero, ofrezca disculpas públicas por su responsabilidad en el siniestro. El 17 de julio de este año, fecha en la que se presentó la demanda, el padre de los menores le dijo a la emisora RCN Radio que horas antes del accidente habló con la madre de los niños y que ella le manifestó que la avioneta, al parecer, presentaba fallas.
Asimismo, mencionó que la intención de la demanda es que se le repare a sus hijos y a él, por haber perdido a su compañera sentimental.
Según el defensor de Ranoque, el dinero que lleguen a recibir su cliente como reparación, pasaría a ser administrado por una fiducia que anunció el ICBF y de la que estaría a cargo la defensora de familia especial de atención a población indígena regional Bogotá.
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