La historia comenzó la semana pasada cuando Yovanny Caicedo, hasta ese momento funcionario de la Corte Constitucional, fue capturado recibiendo coimas para favorecer tutelas. La persona que está haciendo el pago es precisamente Restrepo, asegura Noticias Uno.
Restrepo y Caicedo se reunieron para garantizar que la tutela que ‘el Mellizo’ interpuso para volver a recibir los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y ser condenado a máximo 8 años fuera fallada a su favor.
El abogado está referenciado como defensor de narcos y paramilitares y permanece en prisión porque también habría pagado cerca de 200 millones de pesos a la fiscal que llevaba el caso de alias ‘el Mellizo’, que también está detenida.
El noticiero señala que el abogado confesó en su declaración a la Fiscalía los detalles de cómo se hacía la operación fraudulenta. Según él, esa información se la entregó Caicedo durante su reunión:
“Él me dice a mí que había que apurarse porque los dos magistrados de apoyo para esa situación salían de la Corte Constitucional en febrero de 2017 y mencionó los nombres: el doctor Eduardo Mendoza, y el doctor Humberto Escrucería”.
“Mendoza efectivamente terminó periodo en la Corte Constitucional en febrero de 2017, y goza de prestigio. En cuanto a Escrucería, este no se retiró sino que por el contrario fue aceptado como magistrado temporal en reemplazo del saliente togado Jorge Iván Palacio, pero antes venía desempeñándose como magistrado auxiliar”, aseguró Noticias Uno.
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El informativo también indicó que consultó con Escrucería y él negó cualquier vínculo con el funcionario Caicedo y el abogado Restrepo.
Hace 15 años, el magistrado Escrucería además era el reemplazo temporal de la secretaría General de la Corte Marta Sachica y fueron ellos los que recibieron un primer reporte sobre el “actuar irregular” del funcionario Caicedo, señalado en ese momento de ser el responsable de la pérdida de varios folios y expedientes de diferentes tutelas.
El noticiero comprobó que a Caicedo no se le abrió un expediente para investigarlo sino hasta dos años después y por otros casos diferentes a los denunciados por Ana María Prieto, oficial mayor en el alto tribunal y jefe directa de Caicedo en el año 2003.
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