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El presidente, Gustavo Petro desmintió este lunes que su hermano, Juan Fernando Petro participara en el presunto cobro de unas coimas que hizo una excandidata al Consejo de Medellín a su nombre y del director de la SAE, Daniel Rojas, a cambio de entregar bienes a narcotraficantes, en una investigación periodística que dio a conocer la revista Cambio Colombia este fin de semana.
“Esto no es cierto. La política conservadora es una estafadora de vieja data, hasta uso el nombre del expresidente Uribe para estafar campesinos. La prensa ya sabía de su nombre porque en rueda de prensa se le denunció hace mes y medio y los bienes de la SAE con que ella estafó con centenares de millones de pesos a personas de Antioquia tuvieron otro destino en la SAE.“, fue la explicación del alto mandatario en ‘X’.
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Bienes incautados a narcotraficantes en Colombia y que están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) han sido repartidos a personas que supuestamente pagaron coimas a una excandidata al Concejo de Medellín por el Partido Conservador, según denuncio este domingo la revista Cambio Colombia.
De acuerdo con la publicación, Carmen Yaneth Bran Jaramillo las cobra a nombre del jefe de ese organismo, Daniel Rojas, y de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro.
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Cambio Colombia aseguró que la Fiscalía está investigando “denuncias de personas que dicen haber entregado miles de millones de pesos” a Bran Jaramillo.
“Según los denunciantes, esa persona les pedía las coimas a nombre de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, y de Daniel Rojas, presidente de la SAE. Otros denunciantes aseguran haberle entregado los dineros como anticipo del negocio“, agregó Cambio Colombia en un su reportaje.
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La SAE es una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda que administra miles de activos provenientes de actividades ilícitas.
La operación de Bran Jaramillo
La investigación reveló que Bran Jarramillo trabaja en una compañía de una mujer llamada Karen, que a su vez es trabajadora de la inmobiliaria Consultores Santo Domingo SAS, la mayor depositaria de la SAE, y que tiene a cargo 638 bienes de narcotraficantes.
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“Con ese amplio catálogo de bienes, Bran y Karen van a donde posibles clientes y les ofrecen que, a cambio de coimas que van —supuestamente— para Rojas y Juan Fernando Petro, les venderán bienes en tiempo récord bajo el modelo de enajenación temprana, una figura con la que cuenta la SAE para vender los inmuebles antes de que su dominio sea extinguido en juicio”, añadió la información.
Las víctimas advirtieron que la corrupción puede ser mayor porque Bran Jaramillo, al parecer, trabaja en alianza con la inmobiliaria y, a pesar de las denuncias, sigue actuando con impunidad.
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Incluso manifestaron que puede haber complicidad con los empleados de una notaría que “se presta para hacer los papeles de compraventa que son presentados, posteriormente, en las oficinas de registro“.
No obstante, la SAE aseguró a Cambio Colombia que “el comité de depositarios aprobó remover a la inmobiliaria Consultores Santo Domingo SAS como depositaria, por incumplimiento de las obligaciones”.
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Respuesta del presidente de la SAE
El presidente de la SAE aseguró que desde que asumió el cargo el año pasado ha debido “soportar la amenaza y las consecuencias de enfrentar al poder mafioso en procura de hacer un cambio profundo en la entidad”.
“Si alguien ha solicitado coimas a mi nombre debe ir preso, las autoridades cuentan con toda nuestra disposición para adelantar las investigaciones”, expresó Rojas en un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter).
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Como presidente de SAE he tenido que soportar la amenaza y las consecuencias de enfrentar al poder mafioso en procura de hacer un cambio profundo en la entidad, ha sido esta administración la que ha denunciado hechos de presunta corrupción, incluso fui destituido por ello.
— Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) December 17, 2023
Pulzo complementa
Según reportes de entidades como Transparencia por Colombia y la Contraloría General de la República, la corrupción ha afectado instituciones gubernamentales, empresas públicas y privadas, y ha generado desconfianza en el sistema político y judicial del país.
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Los informes indican que la corrupción ha obstaculizado el desarrollo económico y social de Colombia, desviando recursos que podrían haber sido destinados a programas sociales, infraestructura y servicios básicos para la población. Esta práctica indebida ha afectado la credibilidad de las instituciones, generando un clima de impunidad y descontento entre los ciudadanos.
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