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La investigación que se centró entre los años 2020 y 2022, se reveló que los acusados habrían utilizado sus posiciones en el sector público para brindar asesoramiento ilegal y, supuestamente, exigieron pagos monetarios como contraprestación por estos servicios.
Entre los individuos investigados se encuentra Héctor Carvajal Ramos, Emir Quintero Tello y Nunil Javier Rojas Velásquez, quienes formaban parte del Grupo de Seguridad a Infraestructura y Personas de la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación. Además, se incluye a Germán Cárdenas Morera, un escribiente de un juzgado civil en Neiva.
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Los delitos imputados a estos individuos varían según sus responsabilidades individuales e incluyen cohecho impropio y cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público, obtención de documento público falso, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, concusión, enriquecimiento ilícito de servidor público, asesoramiento ilegal, entre otros.
La Fiscalía también ha mencionado que un informante proporcionó información sobre las actividades ilícitas presuntamente llevadas a cabo por los acusados. Las pruebas reunidas incluyen interceptaciones de comunicaciones, análisis de información e inspecciones judiciales que apuntan a actividades ilícitas como la comercialización de municiones por parte de Héctor Carvajal y otros, el uso del cargo por parte de Emir Quintero para obtener y vender información, y asesoramiento ilegal.
Así mismo, se acusa a Nunil Javier Rojas de cobrar comisiones por viajes que nunca realizó, respaldando estas acciones con certificaciones fraudulentas para justificar el cobro. Cabe destacar que ninguno de los procesados aceptó los cargos en su contra.
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