Al proyecto de ley de modernización y humanización del sistema penitenciario ya le metieron un mico que favorecería a los narcos. La denuncia la hizo el fiscal general, Francisco Barbosa, durante un debate en la Comisión Primera de la Cámara, donde además criticó el punto con el que se busca que personas condenadas por delitos de lesa humanidad tengan beneficios. Esa propuesta provocó un reversazo del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien pidió que se modificara esa parte del proyecto.

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“La trampa” que dice Barbosa se cocina en uno de los proyectos estrella del gobierno de Gustavo Petro y tiene que ver con el artículo 8 de la reforma al sistema penitenciario, que modifica el artículo 63 del Código Penal, en el que se habla de la suspensión de la ejecución de penas.

Según el fiscal, esta sería una estrategia para darle amnistía a los narcotraficantes porque “si no les funciona el sometimiento, entonces utilicen esta norma para hacerle trampa al país”. Además, advirtió que “tenemos que jugar limpio” y que, por su parte, no van a existir jugadas sucias.

Y es que si bien la norma se basa en algo que desde el mismo ente investigador se ha apoyado, y es la despenalización de los campesinos cultivadores de coca, el fiscal alertó que “no podemos tolerar que nos digan que se van a beneficiar narcotraficantes (…) Los artículos que aparecen ahí, uno tiene que ver con narcotráfico y otro con insumos que se requieren. Nos metieron un parágrafo en donde se está suspendiendo la ejecución de pena de narcotraficantes”.

Los artículos le agregan un parágrafo a la norma en el que especifican que podrán acceder a la suspensión de la condena los “pequeños agricultores en situación de pobreza que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito”. Y es precisamente esa la preocupación de Barbosa, porque detrás de la fachada de un campesino que cultiva se pueden colar muchos narcos a este tipo de beneficios.

“Ese parágrafo es una suspensión disfrazando a los narcos con campesinos, ojo con que quieran convertir a los campesinos en narcotraficantes. A los cultivadores hay que protegerlos, pero ojo, porque personas que tienen otros propósitos se pueden aprovechar de este artículo octavo. Que no nos pongan normas que beneficien a otros actores”, sentenció Barbosa.

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El fiscal añadió durante su intervención que se corría el riesgo de que ahora los campesinos resultaran expertos en química y con grandes industrias.

En su réplica durante el debate en el Congreso, el ministro de Justicia, Néstor Osuna defendió a capa y espada el supuesto mico bajo el argumento de que era clara la salvedad en cuanto a los que podrían acceder a ese beneficio: los pequeños agricultores. Según Osuna, el objetivo principal de la modificación a ese artículo 63 es despenalizar a los campesinos cultivadores y dejar de perseguir a los últimos eslabones de la cadena del narcotráfico e ir tras los grandes capos.

“A mi modo de ver es claro: ahí no caben los narcos. (…) Queremos descriminalizar a los campesinos pobres, a los que el Estado no les ha dado otras oportunidades y vincularlos a la vida legal”, explicó el ministro, quien además cedió un poco en cuanto a la posibilidad de adecuar la norma para que no existan otras sospechas en cuanto a beneficios a los narcotraficantes.

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El reversazo de Osuna

En lo que sí cedió el ministro fue en los posibles beneficios que se les otorgarían a los autores de delitos de lesa humanidad. El reversazo se dio justo cuando el fiscal Barbosa sentó posición y rechazó tajantemente la propuesta por la “repugnancia” que le da al pensar que esas personas puedan tener beneficios. “Mi posición es que eso no puede estar incluido, esos delitos deben quedar totalmente sin beneficios”.

Frente a eso, Osuna se mostró preocupado y tuvo que aceptar que hay que replantear ese punto en la reforma porque falta claridad. Además, explicó que “hay unos delitos a los que se le niega todo tipo de beneficios, que son los delitos sexuales y contra menores de edad, pero en el proyecto no hicimos mención específica a delitos de lesa humanidad y es una preocupación que comparto”.

Así las cosas, el ministro votó por suprimir los beneficios a ese tipo de delitos.

Al término del debate, Barbosa dijo que no sabe quién está haciendo la trampa pero aseguró que cree en la paz total sin las trampas por parte de los que quieren que no haya sometimiento a la justicia.

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