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Los sorpresivos cambios de fiscal, entidad que había pedido retomar el caso, y otras dilaciones que se presentaron durante el proceso penal contra Jaime Ernesto Gómez Muñoz, escolta del candidato presidencial Carlos Pizarro e implicado presuntamente en su asesinato, fueron claves para que este hombre quedara en libertad por vencimiento de términos, a pocos meses de que la justicia dicte una sentencia en su contra.
Pizarro fue asesinado el 26 de abril de 1990. Esa mañana, el máximo líder del desmovilizado M-19 viajaba de Bogotá a Barranquilla en su gira de campaña a la primera magistratura del Estado. Antes de que el avión despegara, Gerardo Gutiérrez Uribe, alias Yerri disparó contra su cuerpo, dándole muerte inmediata.
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Las investigaciones han revelado que Jaime Ernesto Gómez, quien el día los hechos ejecutó a Jerry, habría hecho parte de una compleja estructura criminal que se valió de los recursos del extinto DAS para vigilar los movimientos de Carlos Pizarro, padre de la hoy senadora María José Pizarro, propiciar su homicidio y encubrir el crimen. En ese complejo plan también habrían participado otros exagentes del extinto organismo. Este asesinato fue uno de varios hechos de este tipo cometidos contra importantes líderes políticos y sociales del movimiento M-19 y de partidos de oposición, como la Unión Patriótica.
En ese contexto, Jaime Ernesto Gómez ha sido procesado por la justicia. En 2014, con la información y la priorización de los magnicidios en la Fiscalía fue vinculado al caso, en 2017 capturado e imputado y luego acusado. El juicio en su contra terminó hace pocos meses. La Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas pidieron condenarlo. También solicitó someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pero fue rechazado en marzo de 2022.
Ahora, y a pocos meses de que se defina si es culpable o inocente, quedó en libertad por vencimiento de términos. Sebastián Bojacá coordinador de litigio penal de la Comisión Colombiana de Juristas y representante de víctimas en este caso, explicó a El Espectador, aliado de Pulzo, que esto se dio porque se cumplieron los cuatro años máximos de vigencia de la medida de aseguramiento que tenía en su contra. La decision implica , sin embargo, que debe presentarse cada 15 días ante el juez.
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“A él inicialmente le dieron una medida de aseguramiento por dos años, que fue prorrogada por dos años más. Esos cuatro años se vencieron este mes de julio, contado el tiempo que él estuvo en proceso para ingresar a la JEP. Por lo que legalmente no hay recurso que valga, porque lo que dice la ley se cumple”, explicó Bojacá,
En este sentido, el representante de víctimas dice que los términos se vencieron, porque se presentaron sorpresivos cambios de fiscal y otras dilaciones que retrasaron el desarrollo normal del proceso. Por ejemplo, fue trasladado a Chocó Mauricio Ponce, quien hasta ese momento llevaba siete años a cargo del caso Pizarro. Luego fue reintegrado.
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“Esto tiene como causa la inacción de la Fiscalía en términos de avanzar con la investigación y con el juicio que ya había pasado. Todo esto nos lleva a la conclusión que, si la Fiscalía hubiese actuado a tiempo, hubiese realizado la investigación, como es, si el fiscal Francisco Barbosa no hubiera enviado a Mauricio Ponce a Chocó, nada de esto hubiera pasado y no habría el riesgo de fuga por parte de esta persona”, concluye el abogado de víctimas.
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