El pasado domingo 30 de abril, en horas de la noche, dos personas no identificadas ingresaron ilegalmente a la vivienda de la abogada defensora de derechos humanos Soraya Gutiérrez Argüello, quien actualmente se desempeña como vicepresidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y delegada de las Plataformas de Derechos Humanos a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia creada por el Acuerdo Final suscrito con las Farc.

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Los hechos ocurrieron cuando la abogada defensora de derechos humanos se encontraba fuera de Bogotá. De acuerdo con el Cajar, solo fueron sustraídos tres equipos portátiles, dos parlantes, una cámara fotográfica, así como elementos sin valor.  El hurto fue frustrado hacia las 10:00 p.m. por los celadores del conjunto. Sin embargo, los intrusos se dieron a la fuga abandonando los morrales en que llevaban los equipos.

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De acuerdo con la denuncia del Cajar, cuando la defensora Gutiérrez llegó a su hogar encontró todas las habitaciones totalmente desordenadas, incluyendo gavetas de baños y cocina, los libros de la biblioteca y los cajones de la ropa minuciosamente revisados. Unos días antes, el 21 de abril de 2023, cuando se dirigía a una jornada relacionada con el trabajo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el abogado del Cajar Juan David Romero, quien apoya a la abogada Gutiérrez en la labor que desarrolla en esa instancia, fue víctima del hurto de su teléfono celular. Hace menos de un año, ocurrió una situación similar en la vivienda de la defensora de derechos humanos Yessika Hoyos Morales también integrante del Cajar.

“A lo largo de su trayectoria como defensora de derechos humanos, Soraya Gutiérrez Argüello ha sido víctima de ataques contra su vida e integridad, como amenazas a ella y a su familia, tortura sicológica, atentado y hostigamiento que involucran a agentes de la fuerza pública y organismos de inteligencia como el extinto DAS, y que recientemente fueron denunciados y documentados nuevamente en el marco del caso que adelanta la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por la persecución sistemática y continuada contra integrantes del  Cajar”, recordó el Cajar a través de un comunicado de prensa.

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