Por: El Colombiano

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Este artículo fue curado por Frank Hoyos   Nov 6, 2023 - 9:11 am
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La Contraloría General de Antioquia archivó el proceso de responsabilidad fiscal que adelantaba en contra del exgobernador Sergio Fajardo al no encontrar asidero a una denuncia por un supuesto detrimento patrimonial que habría ocasionado cuando ejercía ese cargo en 2013.

El caso se trata de un polémico contrato de sustitución de deuda que en aquel año firmó la Gobernación, entonces encabezada también por la secretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar, con el que se buscaba reestructurar acreencias que tenía el Departamento con varias entidades.

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Dicho contrato fue firmado por un valor de USD 77 millones y generó una controversia durante la administración del gobernador Luis Pérez Gutiérrez, luego de que el secretario de Hacienda de este, Adolfo León Palacio, denunciara a Fajardo por considerar que había lastimado las arcas del Departamento con ese contrato, que a raíz del incremento en el precio de dólar empezó a siginficarle sobrecotos a la Gobernación.

Dicha denuncia, además del proceso en la Contraloría, terminó también derivando en un proceso disciplinario de la Procuraduría (que fue archivado en abril de este año) y un proceso penal liderado por la Fiscalía, que ha formulado que dicho contrato habría generado pérdidas de hasta $320.000 millones para las arcas públicas antioqueñas.

A pesar de que desde 2016 Fajardo es acusado como responsable de esas pérdidas, la Contraloría General de Antioquia estableció que cuando se estructuró dicho contrato de sustitución de deuda el exgobernador no habría incurrido en irregularidad alguna.

“Se realizaron los estudios pertinentes, no encontrando irregularidades; se contó con la asesoría del Comité Financiero, que después de analizar los pros y los contras de tomar un empréstito en dólares para la sustitución de la deuda pública del Departamento, recomendó tomarlo teniendo en cuenta que la tasa de menor volatilidad en su momento era la TRM, la cual durante el año 2013 no llegó a superar los dos mil pesos (2.000)”, estableció el ente, al tiempo que consideró que en aquel momento no se podría haber previsto la volatibilidad del dólar.

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