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El contrato para la operación de los cuatro cementerios distritales en Bogotá (Central, Norte, Sur y Serafín) ha estado lleno de escándalos, investigaciones y controversias, al punto de que le costó la cabeza a la exdirectora de la Uaesp Luz Amanda Camacho.
Hoy está de nuevo en crisis y pone a la capital al borde de una posible crisis sanitaria. En las últimas semanas se conoció que el Distrito sancionará por tercera vez al contratista por nuevos incumplimientos, lo cual lo inhabilitaría para seguir al frente del servicio.
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Al conocerse esta decisión, que podría quedar en firme el 3 de octubre, el concesionario Jardines de Luz y Paz hizo un anuncio radical: de ocurrir, de inmediato cesará la prestación del servicio. Esto encendió las alarmas en la administración. “Es un tema delicado. Se trata de la disposición de cadáveres, que debe hacerse correctamente. No nos pueden dejar las instalaciones de cualquier manera. Nuestra invitación es simple: tramitemos el asunto tranquilamente, con los pasos procesales”, dijo Carlos López, director de la Uaesp.
No se trata de un asunto menor. Según cifras oficiales, entre enero y agosto de 2023, en los cuatro cementerios se realizaron 737 cremaciones y 428 inhumaciones mensuales, especialmente parientes de las familias más vulnerables, que serían las más afectadas por este largo pleito entre la Alcaldía de Bogotá y un privado, que asegura llevar dos años perdiendo plata.
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“Eran casi las 11:00 p.m. del 31 de junio de 2021 (un día antes del comienzo de la operación) y aún estábamos en proceso de empalme con la concesión anterior, revisando las bóvedas y la infraestructura. Fue una situación desafortunada que jugó en nuestra contra. Estábamos en medio de la pandemia. Teníamos salvedades legales frente al contrato, que no hubo tiempo para leerlo con tranquilidad. Nos dijeron que podíamos revisarlo, pero no ocurrió”, manifestó Éder Parada, gerente del consorcio Jardines de Luz y Paz a El Espectador.
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