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Con destitución e inhabilidad general de nueve años y seis meses, la Procuraduría sancionó en segunda instancia al alcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón. El mandatario local fue investigado por irregularidades en la firma de diferentes contratos para atender la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19. En primera instancia había sido suspendido por 10 años, pero el mandatario apeló la decisión.
Por los mismos hechos, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, que recordó la inhabilidad de Rodolfo Hernández también confirmó una sanción igual que será impuesta al jefe de Gestión del Riesgo de la ciudad, Armando Cabrera Rivera, y a los secretarios de Educación, Giovanny Córdoba Rodríguez, y de la Mujer, Equidad e Inclusión, Camila Mercedes Ortega Suárez.
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La Procuraduría encontró inconsistencias entre el número de las unidades requeridas y las contratadas para una campaña de cultura ciudadana para la mitigación y prevención de COVID-19. Asimismo, estableció que Muñoz y los demás funcionarios incurrieron en errores en los valores de uno de los puntos del documento.
El ente de control también indició que, en otro contrato, firmado para brindar alimentación durante marzo, abril y mayo de 2020 a la población vulnerable de Neiva (donde fueron enviados a la cárcel los señalados de asesinar a patrullera) durante la pandemia, se incluyeron elementos que no hacían parte de la propuesta inicial presentada por el contratista y que no tenían una relación directa con el objeto de este, ni una justificación de su conveniencia, necesidad o razonabilidad, lo que incrementó el monto de los kits alimenticios en $330 millones.
Entre los bienes incluidos y que no tenían ninguna relación con lo contratado, se encontraban elementos de bioseguridad para la prevención de virus, tales como tapabocas, guantes de látex y overoles, entre otros, los cuales quedaron incluidos en las raciones alimenticias mensuales.
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Igualmente, el Ministerio Público confirmó que la administración celebró una orden de servicios con una institución para restar el servicio de interventoría sin que cumpliera las calidades necesarias para garantizar la mejor oferta para el municipio, la cual estaba inhabilitada para desarrollar las actividades de vigilancia, al tener un nexo formal con el contratista al que debía controlar, cuyas labores consistían en la entrega de las raciones del Programa de Alimentación Escolar, por un monto total de $5.250 millones.
Además, frente a la orden de servicios para la entrega de las raciones de alimentos, que en total eran 105 mil kits, no se precisaron las unidades ni las características técnicas de todas ellas, en articular la forma en que el atún, incluido en las mismas, se suministraría a los estudiantes, pues no se aclaró si su compra se hacía en unidades o en lata, según explicó la Procuraduría.
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El órgano de control señaló que el alcalde Gorky “dejó de cumplir con los deberes propios de su cargo, porque seleccionó contratistas que no garantizaban la mejor oferta y sin seguir un actuar leal y honesto, a pesar de que tenía la capacidad de evitarlo”. Por esos hechos, la Procuraduría encontró que el alcalde Gorky Muñoz Calderón es responsable de tres cargos disciplinarios y el proceso será enviado al Consejo de Estado para su respectiva revisión.
Justo hace un año, en junio de 2022, un juzgado penal de Neiva con funciones de control de garantías decretó en primera instancia detención preventiva en su residencia contra el alcalde Muñoz Calderón. El juez del caso acogió la imputación presentada por la Fiscalía por celebración indebida de contratos y violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades en el marco de la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la capital huilense durante la pandemia.
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