Estados Unidos, la Unión Europea, Luis Almagro, secretario general de la OEA, Canadá y varios países latinoamericanos (Brasil, Colombia, Chile, Perú, Argentina, México, Panamá y Guatemala) denunciaron la decisión de la Sala Constitucional del TSJ, al que la oposición acusa de servir al gobierno, de asumir las funciones del Parlamento.
Tras la medida, Almagro, fuerte crítico del gobierno venezolano, denunció un “autogolpe” en el país. Para Estados Unidos, enemigo sempiterno de la revolución bolivariana, hay una “ruptura de las normas democráticas”.
Uno de los primeros países latinoamericanos en protestar fue Perú al retirar a su embajador en Caracas denunciando, al igual que Brasil, una “ruptura del orden constitucional”.
Por su parte, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, llamó a consultas a su embajador, y el Congreso de Costa Rica pidió aplicar la Carta Democrática Interamericana de la OEA a Venezuela.
Incluso el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy Brey, se manifestó en su cuenta de Twitter:
Si se rompe la división de poderes se rompe la democracia. Por la libertad, la Democracia y el Estado de derecho en Venezuela. MR
— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) March 31, 2017
Legisladores de la oposición uruguaya emitieron un comunicado en señal de repudio al “golpe de Estado” en Venezuela y pidieron al Gobierno de Tabaré Vázquez aplicar la Cláusula Democrática a ese país.
“Expresamos nuestra plena solidaridad con la democracia venezolana, y advertimos la gravedad de la ruptura institucional que se verifica en ese país”
“En este momento lo importante es que realmente se llegue al diálogo, que no se ha dado, que se sienten Gobierno y oposición, que pacten un calendario electoral para que ese país salga adelante con la situación tan difícil que enfrenta”, dijo por su parte Isabel de Saint Malo, canciller y vicepresidenta panameña.
El pasado martes, el TSJ ya había asestado un golpe a la Asamblea, al retirar la inmunidad de los diputados, lo que abrió la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares.
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Esa decisión coincidió con una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para debatir la crisis política y económica de Venezuela que culminó sin acuerdos.
En tanto, el gobierno de Evo Morales, quien está en Cuba para una cirugía, denunció un “nuevo ataque que intenta facturar la democracia, desestabilizar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y desconocer la Constitución Venezolana”, según un comunicado de la cancillería boliviana.
El TSJ declaró en desacato al Legislativo en enero de 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores acusados de fraude electoral.
Tras ello, anuló todas las decisiones del Parlamento y ya había asumido algunas de sus competencias.
El diputado Diosdado Cabello, uno de los principales líderes chavistas, pidió a sus seguidores prepararse “para defender el país” ante una eventual intervención militar extranjera.
AFP/EFE
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