La mortalidad materna, mortalidad infantil, desnutrición crónica, baja matriculación escolar y abuso sexual son solo algunos de los vejámenes que siguen sufriendo muchos niños en el país, a 30 años de firmarse la vigente constitución, según un extenso informe de la coalición NiñezYa. 

“En 2018, la tasa de mortalidad infantil fue 52 % más alta en el régimen subsidiado que en el contributivo y 40 % más alta para quienes habitan áreas rurales dispersas. […] La desnutrición crónica afecta al 10,8 % de la población menor de 5 años, el porcentaje casi se triplica en la población indígena (29,6 %)”, son algunas de las conclusiones del reporte.

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Esa coalición señala al menos 11 aspectos sociales, económicos y culturales que, a pesar de estar protegidos en la constitución, aún no se cumplen en todas las regiones del país. 

Sin embargo, no todo es malo. Esa coalición, que consulto a expertos constitucionalistas, destaca que legislaciones como el Código de Infancia y Adolescencia son un producto derivado de la Constitución de 1991. Estos comprenden mejoras en el nivel de vida de millones de niños en todo el país, durante los últimos años. 

“Un gran acierto es el desarrollo que ha hecho el legislador para garantizar, proteger y materializar esos derechos a través de diversas disposiciones como el Código de la Infancia y la Adolescencia de 2006 y la política de Cero a Siempre, adoptada en la Ley 1804 del 2016. Tenemos un marco jurídico adecuado para la garantía y protección de los derechos de esta población”, manifestó el presidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, citado en ese informe. 

Por su parte, el constitucionalista y profesor de la Universidad Nacional Rodrigo Uprimny valoró que la carta magna haya otorgado libertades a los menores que, a día de hoy, no pueden ser usurpadas por otras personas. 

“Una libertad que no le pertenece a nadie. No les pertenece a los padres, no le pertenece a la sociedad, sino que le pertenece al niño mismo. Creo que esa concepción personalista es lo que a mí me parece que implica la novedad fundamental de la Constitución del 91 y que luego se va a materializar en la jurisprudencia de la Corte, después en el Código de la Infancia y la Adolescencia que implica un avance significativo frente al Código del Menor”, concluyó Uprimny, en palabras recogidas por el informe de NiñezYa. 

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