La basura amenaza laderas en Manizales: ¿cómo la acción ciudadana y las sanciones pueden frenar el riesgo?

El depósito indiscriminado de residuos en laderas urbanas, como ocurre en determinadas áreas de Manizales, constituye una preocupación social, ambiental y estructural de gran envergadura. Según una denuncia realizada por un habitante de la ciudad, el cúmulo de desechos podría llegar a comprometer la estabilidad de viviendas situadas en la parte baja de la ladera, incrementando el peligro para la seguridad de numerosos hogares. Esta situación refleja una gestión de residuos deficiente, además de vacíos en la educación ambiental y las políticas públicas locales, poniendo en evidencia la necesidad de intervenciones urgentes y sostenidas para evitar consecuencias mayores en la comunidad.

Frente a este escenario, la Alcaldía de Manizales ha articulado esfuerzos a través del programa Guardianas de la Ladera, operado por Emas by Veolia, una empresa especializada en servicios ambientales. Gracias a la colaboración comunitaria, el pasado viernes 19 de septiembre, cerca de 80 guardianas lograron retirar aproximadamente 4 toneladas de residuos de una zona crítica. Esta intervención resalta el compromiso sistémico de los actores locales por mitigar el problema, aunque la administración reconoce que la raíz persiste en la falta de consciencia ciudadana y el hábito recurrente de desechar basura, escombros y muebles en estos espacios. A ello se suma la necesidad de implementar sanciones efectivas que ayuden a disuadir estas conductas, según reportó la entidad responsable.

El fenómeno trasciende las fronteras de Manizales. De acuerdo con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, el manejo inapropiado de residuos sólidos en áreas urbanas genera impactos directos en la contaminación del suelo y del agua, y plantea riesgos para la infraestructura, especialmente donde existen pendientes pronunciadas propensas a deslizamientos. Estos efectos afectan principalmente a poblaciones vulnerables y reflejan una problemática más amplia en América Latina, donde el vertimiento ilegal en zonas periurbanas se agrava por la falta de políticas de gestión efectiva, educación ambiental y sanciones proporcionales.

Expertos en sociología de la Universidad Nacional de Colombia sostienen que el cambio de comportamiento social requiere campañas educativas de largo plazo e integración de líderes comunitarios, capaces de fomentar conciencia colectiva sobre el impacto que tienen los residuos mal gestionados. Estas iniciativas potencian la eficacia de los esfuerzos gubernamentales y promueven la corresponsabilidad ciudadana, sumando sinergias en torno a la protección ambiental.

El peligro de mantener sin atención adecuada las zonas de depósito ilegal de residuos puede incrementarse debido al cambio climático, que intensifica los episodios de lluvias y deslizamientos, como advierten informes internacionales. Por esta razón, especialistas en gestión de riesgos y urbanismo, procedentes de instituciones como la Universidad de Medellín, sugieren que las administraciones municipales adopten estrategias multisectoriales: monitoreo constante de las laderas, inversión en infraestructura verde que contribuya a la estabilidad y mecanismos de vigilancia comunitaria para inhibir las malas prácticas.

A nivel de participación ciudadana, la transparencia y efectividad en los canales de comunicación y denuncia —como señala la Fundación Gabo— dependen de la credibilidad de los medios y de las respuestas institucionales a las inquietudes de la comunidad. Empoderar a la ciudadanía y garantizar la corresponsabilidad entre gobierno y población son, por tanto, aspectos clave para enfrentar el reto de la basura en las laderas urbanas. Solo una respuesta articulada entre gestión pública, educación y control puede preservar viviendas, ecosistemas y calidad de vida en estos entornos vulnerables.

¿Por qué es importante imponer sanciones por el depósito ilegal de residuos?
La relevancia radica en que, si bien los operativos de limpieza pueden reducir el impacto inmediato, no erradican el hábito profundamente arraigado de arrojar desechos en las laderas. Las sanciones se convierten en mecanismos disuasorios y correctivos, dirigidos a promover un cambio de comportamiento a largo plazo. Además, instauran una cultura de responsabilidad donde quienes incumplen sufren consecuencias claras, deslegitimando la impunidad. Para que estas sanciones sean verdaderamente efectivas, necesitan estar acompañadas de campañas de sensibilización y una vigilancia que garantice su aplicación justa y sistemática. La doble estrategia —educación y sanción— busca no solo disminuir el volumen de residuos, sino transformar las actitudes de quienes habitan y transitan por la ciudad.

¿Qué es infraestructura verde y cómo puede ayudar en la gestión de residuos?
El término “infraestructura verde” hace referencia al conjunto de soluciones basadas en la naturaleza, como barreras vegetales, terrazas ecológicas y sistemas de retención de aguas pluviales, que son diseñadas para mitigar riesgos en zonas vulnerables. En contextos como el de Manizales, su implementación contribuye a estabilizar laderas, reducir la erosión y el riesgo de deslizamientos, y a la vez ofrece un espacio más limpio y seguro para la comunidad. Además, la infraestructura verde desempeña un papel relevante en la absorción y filtración de contaminantes, mejorando la calidad ambiental y favoreciendo la convivencia urbana. Este tipo de intervenciones complementa los esfuerzos de recolección, promoviendo una solución sostenible y ecológica para la problemática de los residuos sólidos.