El Estado no podría destinar recursos públicos a expresiones o fiestas religiosas

La semana pasada la Corte Constitucional falló una demanda de constitucionalidad de una Ley que posibilitaba la opción de que el municipio de Pamplona, Norte De Santander, destine recursos públicos para celebrar la Semana Santa, luego de que esta hubiese sido declarada “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación”.

A ojos de la corte, esta habilitación es inconstitucional y por tanto fue declarado inexequible el artículo octavo de esta norma (Ley 1645 de 2013) que mencionaba:

la administración municipal de Pamplona estará autorizada para asignar partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual, para el cumplimiento de las disposiciones consagradas en la presente ley.”

La razón es que tal norma estaría en contravía del principio de neutralidad que el Estado debe mantener frente a las religiones y confesiones que se practiquen en su jurisdicción. De esta manera el Estado reafirma su posición laica, al no favorecer con recursos públicos alguna religión, así esta sea la predominante en un lugar específico.

Como bien se menciona al final del artículo 19 “todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”. Lo cual implica que todas deberán tener el mismo trato, sin que se le otorgue algún beneficio a alguna.

Se espera que este fallo, aunque apenas afecta a un municipio en particular, dará de qué hablar en las subsiguientes iniciativas legislativas o políticas públicas que impliquen la participación del Estado en cualquier expresión religiosa; sobre todo en las que implique asignar recursos públicos para realizarlas.

Al ser proclamado como laico, el Estado colombiano solo puede estar ahí para garantizar que las personas puedan expresar su confesión sin peligro de ningún acto violento o de censura por parte de otra persona; este es su único papel.

Como bien lo dijo en su momento el sociólogo y sacerdote, Carlos Arboleda, el laicismo “pretende que todas las religiones expresen y vivan su fe sin que el Estado intervenga en ella”. Esto incluye destinarle recursos del público que han sido captados por medio de impuestos.