Sistema Integrado de Inmovilidad en Bogotá

Nación
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Emergencia ambiental, reglamentación del servicio, incompetencia legislativa y anuencia con la barbaridad vial son el eje del colapso y caos capitalino.

Contaminación por material particulado pone de relevancia atender, de manera urgente, el tema de movilidad; escenario de trascendencia por estos días para las autoridades de la capital, y los habitantes de Bogotá, que padecen a diario el complejo panorama que acompaña el desplazamiento por las vías de la ciudad. Automóviles, camiones, vehículos de servicio público, motocicletas, ciclistas, peatones, entre otros factores, convergen en las calles y evidencian la existencia de un ecosistema atrofiado a punto de constituirse en inviable.

A la malla vial de Bogotá, con un atraso mayor a 50 años, ingresan miles de vehículos automotores por año, muchos más que aquellos que salen de circulación, con todo lo que ello implica para la calidad de vida de los capitalinos; aumento acelerado de la tasa de motorización que integra a las calles, principalmente carros y motos. Estudios de la Dirección Nacional de Planeación reportan que, un ciudadano gasta en promedio más de 480 horas, 28.800 minutos, al año en medio de los desplazamientos a la oficina, los centros de estudio, lugares comerciales y el hogar; ‘tacos’ o trancones interminables que atentan contra el equilibrio ambiental, pero a su vez con la armonía emocional del ser.

Medidas como el pico y placa, que desincentivó parcialmente el uso del carro privado, trajo consigo la proliferación de mecanismos de transporte, particularmente las motocicletas, que ya duplican, y hasta triplican, el número de autos individuales, antes que promover la movilidad a través del transporte público. Confluencia de artefactos locomotores que cargan las tensiones de conductores y transeúntes que se enfrentan al impacto de enfermedades respiratorias y el estrés que genera la multiplicidad de incidentes que se presencian en la vía pública.

Los índices de accidentalidad, en estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, señalan numerosos siniestros de los que son víctimas motociclistas y peatones; tendencia fatal de jóvenes entre los 18 y 35 años que en el camino dejan aflorar su inclinación suicida al volante, así como la imprevisión e impericia al transitar en las calles. La reducción de velocidad, que planteó la administración de Enrique Peñalosa, si bien redujo el riesgo de atropellamiento, los choques y el acaecimiento de incidentes entre motoristas, incrementó los tiempos de desplazamiento y proliferó la congestión en las zonas neurálgicas de la capital.

El problema ambiental, la infraestructura vial, el importante número de actores que emplean mecanismos de locomoción, los índices de accidentalidad y la ausencia de políticas concretas que hagan frente al problema de movilidad en la capital concentran la atención en las estrategias que implementarán la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y su secretario de movilidad, Nicolás Estupiñán, para atenuar un problema de años e imperceptible para otras administraciones. Vulnerabilidad letal ciudadana que reseña puntos divergentes, focos de acción que no están concentrados únicamente en los vehículos particulares que han sido estigmatizados como eje de la crisis de movilidad mundial.

El paro camionero y la diatriba del gremio de taxistas ponen de relevancia que la reglamentación no sólo es débil en su conceptualización para el entorno de hoy, sino que los agentes quieren delinearla y amoldarla a los intereses de empresarios y líderes gremiales. Cegarse a los avances tecnológicos, la optimización operativa y la modernización del parque automotor hace parte del problema de un sector poblacional que pretende mantenerse como base de contaminación. Si bien es necesario iniciar por una autorregulación no es menos cierto que se deben fijar unas pautas de construcción colectiva que defiendan la calidad del aire, pero que a su vez reglamente los corredores de circulación de estos actores del tráfico y congestión en importantes zonas de la capital.

El colectivo taxista de la ciudad debe comprender que la cultura ciudadana de su gremio, la prepotencia de sus dirigentes, las conocidas artimañas y macabras prácticas de sus integrantes, y la violación constante de las normas de tránsito los dejan en una incómoda posición, pues se convierten en referente obligado de las pautas a no seguir en el marco de la movilidad. La mancha amarilla en la ciudad, sin el ánimo de estigmatizar, es una de las principales causas del caos vial de la capital, su nivel de siniestros y confrontación violenta con otros actores motorizados impactan su imagen y conllevan a que los ciudadanos antes que abordar su servicio prefieran hacer uso de otros mecanismos que aumentan el parque automotor de la ciudad. Fenómeno de aberración en el que cambian o están condenados a desaparecer.

Tirante panorama en el que los motociclistas no pasan desapercibidos, cuota de culpabilidad principal en la maraña de accidentes en los que a diario se ven involucrados. Sistema de locomoción, exento de impuestos, que desborda la imprudencia y retan la suerte en el permanente zigzag en medio de los vehículos, buses y camiones en cada una de las calles. Centellas que de la ficción pasan a protagonizar lo increíble o inimaginable en la vía pública, salvajes motorizados que con la mayor desfachatez vulneran el espacio de los peatones y suben a los andenes para evadir la congestión.

Prodigio infractor que es secundado por las autoridades que, desde estos aparatos de dos ruedas, emulan las atrocidades ya citadas; agentes del orden que complejizan aún más el panorama de la movilidad, representante policial que, con abuso de autoridad, no respeta señales, normas y conductores abriendo paso a sus protegidos. Desprestigiados funcionarios públicos que antes de regular el orden y hacer cumplir las normas de tránsito parecen estar preocupados por imponer cuotas de comparendos, imputar cargos con oscuras artimañas y lograr respeto desde el temor que impone el uniforme.

Evidente crisis de un sistema de movilidad que se hace inextricable con el transporte no motorizado en las calles de Bogotá, peatones y ciclistas que tampoco entienden de normas y creen tener prioridad sobre cualquier circunstancia; sujetos para los que el paso de avenidas se da en cualquier lugar menos en las cebras destinadas para tal fin, o ruedan con su caballito de acero por las vías públicas sin hacer uso de las ciclorrutas previstas para ello. Ausencia de una política de autoridad y control que eduque y sancione a quienes no acatan lo previsto en la ley, víctimas fatales o lesionados en la confluencia de incidentes con los medios locomotores.

Tenso ambiente que espera las acciones de la administración de Claudia López para brindar un transporte público de calidad, alternativa de locomoción que responda a las necesidades de una ciudad de 9 millones de habitantes con enormes deficiencias en su infraestructura vial.

Transmilenio es un mal necesario que debe confluir con un SITP alimentador y que presta rutas alternas o provisionales para los bogotanos, mientras en un futuro no muy lejano llega el tan anhelado Metro de Bogotá. Conjunto convergente de alternativas de transporte que requiere de seriedad, servicio digno y manejo de rutas oportunas para evitar que los ciudadanos opten por otras alternativas de transporte.

La realidad señala que la solución no está en el corto plazo, la entelequia que se planteó en campaña está distante del contexto que ofrece el gobierno local; el día a día plantea un caótico Sistema Integrado de Inmovilidad en Bogotá que pide a gritos que todos hagan parte de la solución. Hay que asumir el costo político que trae el incorporar en la tributación, y el pico y placa a las motos, disciplinar a los conductores del transporte público para que cumplan con las normas de transito, y ajustar elementos de cultura ciudadana que permitan comprender al ciudadano que de todos depende bajar los índices de contaminación, la accidentalidad en las vías y armonizar el flujo de actores en la locomoción capitalina.

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