Grupos armados y política de seguridad en Catatumbo y La Guajira: ofensiva militar y sus implicaciones en la región

La reciente escalada de violencia en el Catatumbo evidenció nuevamente los desafíos de seguridad que enfrentan las regiones donde los grupos armados mantienen su influencia. De acuerdo con El Espectador, una serie de ataques perpetrados por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) durante una noche en Ocaña y Guamalito dejaron como saldo tres militares muertos y seis heridos. Estos hechos se produjeron en un contexto donde el gobierno de Abelardo de la Espriella busca detener la expansión del conflicto armado hacia municipios del sur del Cesar, apostando por una estrategia militar más ofensiva y enmarcando su política bajo la consigna de imponer la paz mediante el uso de las armas.

Como respuesta, el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora anunció la reorganización de la campaña militar y policial Esparta, orientada a bloquear corredores utilizados por los grupos armados y fortalecer la integración entre inteligencia y judicialización. Sin embargo, voces como la de Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina de Crisis Group, consultadas por El Espectador, advirtieron que la falta de previsión sobre las consecuencias podría romper la confianza de las comunidades con el Estado.

La reciente “neutralización” de figuras como Naín Andrés Pérez, alias “Bendito Menor”, jefe de un frente de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), marca un avance visible para el gobierno, que reporta la muerte de dos de sus diez “objetivos de alto valor” en los primeros noventa días de mandato. Sin embargo, informes de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y de expertos citados por El Espectador advierten que el poder de las ACSN, consolidado desde 2020, no se limita a su capacidad armada, sino que abarca mecanismos de gobernanza criminal en Magdalena, Cesar y La Guajira, regulando la vida de las comunidades y controlando rentas ilícitas como la extorsión. Por eso, los analistas insisten en que solo una presencia estatal sostenida lograría transformar la estructura de estos grupos.

El debate cobra mayor complejidad ante denuncias de que, según Medicina Legal, seis menores murieron en bombardeos durante el primer mes de la nueva administración, desatando la decisión judicial de suspender ataques aéreos en zonas con posible presencia de menores reclutados. Además, la actuación pública del presidente en episodios como el de “Bendito Menor”, donde mostró cuerpos durante declaraciones oficiales, motivó un fuerte llamado de atención de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien subrayó que la estrategia estatal no debe perder de vista principios constitucionales ni deshumanizar ni a víctimas ni a adversarios.

Así, la política de seguridad enfrenta el reto de lograr resultados tangibles en materia de control territorial y protección a la población, sin que ello signifique caer en una carrera de demostraciones de fuerza que puedan afectar los derechos fundamentales de las comunidades más afectadas por el conflicto.

¿Cuál es el riesgo de fortalecer solo la ofensiva militar en Catatumbo y La Guajira?

Según la Fundación Ideas para la Paz y expertos consultados por El Espectador, reforzar únicamente el componente ofensivo sin una presencia estatal integral podría fragmentar las organizaciones criminales y desplazar la violencia, sin resolver los problemas de control social y gobernanza criminal en las regiones, lo que prolonga el ciclo de inseguridad.

¿Por qué se cuestiona la exhibición pública de bajas en operaciones militares?

La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que exponer cuerpos en declaraciones públicas normaliza la muerte y puede deshumanizar tanto a adversarios como a quienes detentan el poder, recordando que en Colombia esa práctica ha derivado en graves violaciones como las ejecuciones extrajudiciales, investigadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.