Tres agresiones en un día y alarma en Valledupar: ¿qué tan protegidas están las mujeres en Colombia?

La reciente serie de agresiones contra mujeres ocurridas en Valledupar el 25 de septiembre ha puesto en evidencia una crisis de violencia de género que trasciende los límites de la ciudad y expone una tendencia alarmante en Colombia. Según reportes oficiales de la Policía Metropolitana, tres incidentes graves en menos de 24 horas demostraron la vulnerabilidad de las mujeres en el entorno doméstico: desde agresiones físicas, pasando por violencia sexual, hasta el intento de feminicidio, los casos suscitaron una profunda preocupación sobre la eficacia de la protección y el acceso a la justicia para las víctimas.

Los hechos iniciaron con la captura de Sergio Daniel Amariz Díaz en el barrio Obrero por golpear a su compañera sentimental. Horas más tarde, la detención en flagrancia de Royman René Rincones Márquez en Primero de Mayo, acusado de violencia física y abuso sexual contra su expareja, evidenció también que existían denuncias previas sin que se hubiese mitigado el riesgo. El episodio que mayor conmoción causó ocurrió en el conjunto residencial Acqua: Eriberto Enrique Gutiérrez Díaz intentó asesinar a su pareja a disparos, un acto que, según fuentes médicas citadas por la Policía, no resultó fatal pero sí estremeció a la comunidad.

Estos casos no ocurren en el vacío. De acuerdo con el Observatorio de Feminicidios Colombia Mujeres al Derecho y el Instituto Nacional de Medicina Legal, los primeros meses de 2025 registran un aumento sostenido en la violencia contra la mujer y los feminicidios. El 70% de las víctimas de violencia sexual son mujeres entre 18 y 44 años, muchas de las cuales no denuncian por temor o desconfianza en las instituciones, un fenómeno subrayado en recientes informes de sectores civiles y ONU Mujeres.

Al analizar las políticas públicas y acciones locales, informes de la Secretaría de Gobierno del Cesar y Sisma Mujer han demostrado que, si bien se han logrado avances legales y existen protocolos, los esfuerzos aún resultan insuficientes, principalmente en sectores urbanos vulnerables. Datos oficiales sugieren la necesidad urgente de fortalecer la prevención comunitaria y mejorar la respuesta institucional, incrementando el apoyo psicológico y social a las víctimas, así como la claridad de las rutas de atención.

Expertos entrevistados por El Espectador sostienen que la violencia dentro del hogar responde, en parte, a estructuras de poder machistas, lo que exige soluciones que no se limiten únicamente a la sanción judicial. Recomiendan políticas que actúen sobre la educación, la cultura y la reeducación del agresor. Asimismo, el acceso rápido a la justicia y la protección efectiva son fundamentales para romper el ciclo de violencia y evitar la revictimización.

La Policía Metropolitana ha puesto a disposición líneas de orientación como la 155 y el 123, reconociendo que la coordinación entre autoridades, salud y sociedad civil es crucial para encarar este flagelo. Así, los recientes sucesos representan una alerta para responder, desde todos los sectores, con mecanismos integrales, datos confiables y el compromiso real de proteger la vida y la dignidad de las mujeres en Valledupar y el Cesar.

¿Qué rutas de atención existen actualmente para las víctimas de violencia de género en Valledupar?
A raíz de los graves incidentes reportados, cobra relevancia saber cuáles son las opciones reales con las que cuentan las víctimas al buscar ayuda. Las líneas de atención como la 155 y el 123, promovidas por la Policía Metropolitana, constituyen los canales oficiales para denunciar y solicitar intervención inmediata. Sin embargo, la confianza en estas rutas, su capacidad de articulación con servicios de salud, apoyo psicosocial y protección física a las víctimas sigue en debate, según reportes de Sisma Mujer y la Secretaría de Gobierno.
Los desafíos en la efectividad de estos mecanismos suelen estar asociados a la falta de información y al temor de represalias, además de carencias en el seguimiento judicial y administrativo. Por ello, la existencia de rutas claras, atención especializada, acompañamiento sostenido y acceso a la justicia son elementos decisivos para la seguridad y la reparación de quienes padecen este tipo de violencia.

¿Qué implica el término “feminicidio” según la ley colombiana?
Ante la gravedad de los casos reportados, surge la pregunta sobre el significado jurídico del feminicidio y su diferencia con otros tipos de homicidio. En Colombia, el feminicidio se define como el asesinato de una mujer por razones de género, con especial énfasis en episodios que involucran violencia intrafamiliar, antecedentes de amenazas y agresiones previas. Así, la ley reconoce el feminicidio como un delito autónomo cuyo castigo busca no solo sancionar al agresor, sino también visibilizar el componente estructural de discriminación y odio por motivos de género.
Esta tipificación ha permitido dimensionar el fenómeno en las estadísticas oficiales y sentar las bases para estrategias de prevención y atención diferenciada, aunque informes recientes señalan que persisten retos significativos en su judicialización y prevención.