Lotes en zonas protegidas: denuncian venta irregular en área clave para el agua en La Cumbre, Valle

Una creciente preocupación ha surgido entre los habitantes de varias veredas del municipio de La Cumbre, en el Valle del Cauca, debido a la presunta venta irregular de lotes en una zona de alta importancia ambiental. El pasado 21 de diciembre, comunidades rurales de Santafé, Alto Sano, La Virginia y La Castilla se movilizaron públicamente para denunciar que una firma estaría promoviendo la comercialización de terrenos ubicados dentro de la vereda Santafé, área que es considerada estratégica para el suministro de agua potable tanto para la zona rural, que abarca al menos dos mil personas, como para la cabecera municipal.

La denuncia ciudadana resalta la vulnerabilidad en la que quedarían los recursos hídricos del municipio, así como el riesgo que esto representa para la seguridad y calidad de vida de la población. Según advirtieron los manifestantes, los lotes objeto de la supuesta venta forman parte de una zona de reserva forestal y de protección de fuentes hídricas, vital para garantizar el acceso al agua en La Cumbre. Habitantes como José Martín Zapata hicieron un llamado a los interesados en estos terrenos para evitar engaños, señalando la inexistencia de permisos de construcción por tratarse de áreas protegidas.

La movilización social también alertó sobre los posibles impactos ambientales negativos y la probabilidad de conflictos sociales en caso de continuarse con estas ofertas. La autoridad local decidió intervenir tras recibir un derecho de petición por parte de la comunidad. La Alcaldía de La Cumbre, basándose en una visita técnica y en la normativa vigente, confirmó que los terrenos denunciados están resguardados por la Ley 2 de 1959, la cual regula las zonas de reserva forestal a nivel nacional.

Como respuesta inmediata, la administración municipal dispuso de pasacalles para informar a la ciudadanía sobre la prohibición de emitir licencias de construcción en esta área. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), máxima autoridad ambiental de la región, confirmó que está al tanto del caso y aseguró que hasta la fecha no existen solicitudes ni permisos para edificar o desarrollar urbanizaciones en dichos predios. Directivos como Rigoberto Lasso Balanta manifestaron el respaldo de la autoridad ambiental a la comunidad afectada y reiteraron que no hay procesos en trámite relacionados con urbanismo en la zona en disputa.

Por su parte, la Secretaría de Planeación Municipal, a través de su titular, Duván Darío Izquierdo Ochoa, indicó que desde julio de 2025 se ha hecho vigilancia conjunta con las entidades ambientales. Se han detectado daños, talas y afectaciones a fuentes hídricas, lo que refuerza la gravedad de la situación. El funcionario señaló además que las personas que, pese a las advertencias, compren estos terrenos, no solo no obtendrán licencias de construcción, sino que estarán sujetas a sanciones económicas y eventuales demoliciones.

Frente a este panorama, la alcaldía reiteró el llamado a ciudadanos y potenciales compradores para que verifiquen la legalidad de cualquier lote antes de entablar negociaciones, haciéndolo ante la Secretaría de Planeación y Obras Públicas. Asimismo, la administración municipal ratificó su disposición de continuar coordinando acciones con la comunidad, Policía, la CVC y otras autoridades, con el objetivo de salvaguardar la integridad del territorio y de los recursos naturales de La Cumbre.

¿Qué implica que un predio esté en zona de reserva forestal?

Esta preocupación de la comunidad y la respuesta de las autoridades lleva a una pregunta clave: ¿qué significa realmente que los predios estén bajo la figura de reserva forestal? Según lo estipulado por la Ley 2 de 1959, citada por la Alcaldía de La Cumbre y la CVC en el contexto de este caso, las zonas de reserva forestal son territorios designados con el fin de proteger recursos naturales como bosques y fuentes hídricas. Dentro de estos límites, se restringen actividades como la construcción o la tala, y cualquier intervención requiere autorización expresa de las autoridades ambientales.

Para la población, esto significa que ninguna compra, venta, o proyecto urbanístico puede adelantarse sin los debidos permisos, ya que tales actividades afectan tanto el medio ambiente como el acceso al recurso hídrico. Este contexto legal y ambiental subraya la importancia de la vigilancia ciudadana y del estricto cumplimiento de las normas, tal y como lo han evidenciado las protestas y los pronunciamientos oficiales en La Cumbre.