¿Paz o impunidad? El duro rechazo a la solicitud del Tren de Aragua y el dilema de dialogar con criminales

El reciente rechazo por parte del ministro de Justicia de Colombia, Eduardo Montealegre, a la solicitud presentada por el Tren de Aragua para participar en el proceso de “paz total” impulsado por el presidente Gustavo Petro, evidencia la complejidad y las limitaciones existentes en la reconciliación con organizaciones criminales en procesos de negociación de paz. El Tren de Aragua, liderado por Larry Amaury Álvarez Núñez (alias Larry Changa), había solicitado ser reconocido como gestor de paz, con el compromiso explícito de colaborar y someterse a la justicia, además de pedir la suspensión temporal de la orden de extradición a Chile. No obstante, Montealegre fue enfático al asegurar que no permitirá “impunidad” ni que la justicia internacional pueda ser eludida bajo la premisa de la paz, como reseñó la revista Semana en su reportaje.

Este caso pone en el centro del debate un tema frecuente en escenarios globales: la conveniencia y los riesgos de involucrar a grupos criminales o terroristas en planes de reconstrucción social y política. De acuerdo con el Institute for Security Studies, la adhesión de estos actores puede resultar positiva siempre que exista un marco riguroso de verdad, reparación y garantías de no repetición, aunque no está exenta de peligros como la posible legitimación o la utilización política de estas negociaciones. En Colombia, donde el conflicto armado ha sido largo y las fronteras entre crimen organizado e insurgencia a menudo se han difuminado, estas discusiones adquieren una sensibilidad particular.

El contexto internacional complica aún más el panorama. El gobierno de Estados Unidos incluyó al Tren de Aragua en su lista de organizaciones terroristas en enero de 2025, lo que faculta a ese país para imponer sanciones económicas, restricciones comerciales y facilitar intervenciones policiales o militares. Esta presión internacional limita considerablemente la viabilidad de un proceso de diálogo favorable para el grupo, y demuestra cómo los instrumentos jurídicos globales pueden tener incidencia directa en la política interna de justicia y paz, según el análisis de El Espectador y el Departamento del Tesoro estadounidense.

En el marco de la política de “paz total”, la administración Petro ha expedido más de 450 resoluciones de extradición contra narcotraficantes, generando un delicado equilibrio entre la seguridad y la apertura a procesos de diálogo con ciertos sectores menos violentos o vulnerables del conflicto. Sin embargo, solo en cuatro casos se ha autorizado la suspensión de extradiciones para nombrar a personas como gestores de paz, una proporción reducida que respalda la dureza de la posición ministerial frente a excepciones como la del Tren de Aragua, según información difundida desde el Ministerio de Justicia.

Este episodio demuestra a su vez los retos del periodismo investigativo al cubrir la intersección entre conflicto armado y crimen transnacional. Como afirma la experta María Teresa Ronderos, un enfoque riguroso requiere acudir a fuentes diversas: desde documentos oficiales y entrevistas con especialistas en política criminal, hasta estudios de organismos multilaterales, logrando así una cobertura precisa y contextualizada, conforme lo exploró la Fundación Gabo.

En síntesis, el caso del Tren de Aragua refleja el reto de encontrar el equilibrio entre la búsqueda de paz y la necesidad de asegurar justicia, especialmente en un escenario marcado por la creciente internacionalización de las estructuras criminales y la presión sostenida de la justicia internacional. Por ello, el futuro de las políticas públicas en Colombia deberá integrar tanto estrategias de contención judicial como programas sociales que reduzcan la captación de nuevos integrantes a estas organizaciones, en línea con los análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) e investigaciones del Institute for Security Studies.

¿Por qué el reconocimiento como “gestor de paz” es relevante en Colombia? El reconocimiento de un individuo o grupo como gestor de paz significa permitirles participar activamente en procesos de diálogo para el desmantelamiento de estructuras armadas o criminales, a cambio de cooperación y sometimiento a la justicia. En Colombia, esta figura ha sido clave para intentar pacificar territorios con altos niveles de conflictividad o violencia organizada, pero solo en contadas ocasiones las autoridades han concedido la suspensión de extradiciones bajo este estatus, como explican informes oficiales y académicos. La cautela estatal se acentúa con actores como el Tren de Aragua, cuyo impacto trasciende fronteras y es objeto de sanciones internacionales.

¿Qué significa que el Tren de Aragua haya sido designado “organización terrorista” por Estados Unidos? Cuando Estados Unidos declara a un grupo como organización terrorista, le otorga a las autoridades capacidades legales para aplicar sanciones financieras, prohibiciones comerciales y, potencialmente, colaborar en acciones policiales y judiciales trasnacionales. Para el Tren de Aragua, esta designación implica mayores limitaciones legales y políticas para negociar, y aumenta la cooperación internacional para su persecución. Es una herramienta que, según El Espectador y el Departamento del Tesoro, refuerza la imposibilidad de que el grupo se beneficie de procesos de paz que impliquen reducción de penas o suspensión de extradición sin el aval de potencias internacionales.