La muerte de Estefanía Mázoz López reaviva la alarma por el abuso de tramadol y el riesgo de automedicarse en Colombia

El fallecimiento de Estefanía Mázoz López, de 43 años, en Armenia el 20 de septiembre tras una intoxicación severa, ha puesto en evidencia la complejidad y las múltiples aristas de un tema que va más allá de lo anecdótico. De acuerdo con la información oficial disponibles, Mázoz López fue trasladada de urgencia al hospital San Juan de Dios tras detectarse la intoxicación, se le practicó una necropsia y su sepelio se llevó a cabo días después. Uno de los puntos nodales en la investigación sobre su muerte es la relación de la intoxicación con el uso de tramadol, un opioide sintético empleado para controlar el dolor de moderado a severo.

Según el Observatorio de Drogas de Colombia (2023), en los últimos cinco años se ha registrado un incremento significativo en los casos de abuso e intoxicación accidental por tramadol, particularmente en núcleos urbanos donde el control sobre medicamentos sujetos a prescripción es limitado. Los efectos adversos de este fármaco, como depresión respiratoria y convulsiones, han sido documentados y resultan especialmente peligrosos para quienes, como Estefanía, pueden desconocer sus riesgos. Este panorama pone en evidencia la vulnerabilidad de la población frente a la automedicación y la insuficiente regulación del acceso a opioides en el país.

En el ámbito judicial y forense, el caso fue reportado a la policía y recibió la intervención de la Sijín, seguida por la necropsia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Como indica el Ministerio de Justicia de Colombia (2024), estas etapas son fundamentales para salvaguardar la cadena de custodia y la integridad de la evidencia ante cualquier eventualidad penal, como responsabilidades directas o negligencias. Además, este protocolo busca que las muertes no naturales sean esclarecidas en un marco legal y ético riguroso.

Desde la óptica social, la muerte de Mázoz López abre preguntas sobre el entorno familiar, comunitario y la calidad de la atención sanitaria preventiva, especialmente en temas de salud mental y dependencia farmacológica. El DANE (2022) advierte que las personas dedicadas a labores domésticas y en estratos socioeconómicos bajos, grupo al que pertenecía Estefanía, tienen menor acceso a información sobre riesgos de medicamentos, lo que incrementa la exposición a intoxicaciones accidentales y situaciones de vulnerabilidad.

El testimonio de amigos y familiares, que la describen como una persona alegre y activa, subraya el nivel de conmoción y duelo provocado por este tipo de sucesos en las comunidades. El Espectador (2025) destaca que los fallecimientos por intoxicación en Colombia exigen el fortalecimiento de redes de apoyo psicosocial y estrategias educativas, ante la brecha existente en el acceso a información y servicios de salud. Asimismo, el caso propicia una reflexión sobre la facilidad de acceso a medicamentos controlados y las consecuencias legales y sociales que de ello se desprenden.

En conclusión, la trágica muerte de Estefanía Mázoz López es el reflejo de un problema multidimensional: la interacción de los riesgos farmacológicos, la respuesta institucional y los determinantes sociales de la salud. Solo el abordaje integral, apoyado en fuentes oficiales y periodísticas reconocidas, permitirá comprender las causas, implicaciones y posibles rutas para prevenir hechos similares en el futuro colombiano.

¿Cuál es el protocolo en Colombia para investigar muertes por intoxicación?

La pregunta es relevante porque existen procedimientos estrictos cuando una muerte ocurre en circunstancias inusuales o asociadas a sustancias tóxicas. Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el protocolo implica el reporte inmediato a la policía, el levantamiento del cuerpo a cargo de la Sijín (Seccional de Investigación Judicial), y la posterior necropsia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. A través de este itinerario se garantiza la recolección de pruebas, la cadena de custodia y la protección de los derechos de las víctimas y sus familias. El cumplimiento de estos procedimientos es fundamental para esclarecer responsabilidades, evitar la impunidad y ofrecer garantías judiciales en eventuales procesos penales o administrativos. Este proceso también asegura la transparencia y rigor en la documentación de hechos, lo que facilita la toma de decisiones judiciales y permite la generación de políticas públicas basadas en evidencia para la prevención de casos similares a futuro.

¿Qué riesgos tiene el consumo de tramadol?

Esta pregunta surge porque el caso de Estefanía Mázoz López está directamente vinculado al tramadol, y muchas personas desconocen sus efectos adversos y su potencial para causar daño. De acuerdo con el Observatorio de Drogas de Colombia, el tramadol es un opioide sintético empleado para el tratamiento del dolor, pero su uso fuera de supervisión médica puede llevar a intoxicaciones graves, como depresión respiratoria, convulsiones e, incluso, la muerte. En los últimos años, el aumento del acceso no regulado a este medicamento ha incrementado los reportes de intoxicación accidental y dependencia. El desconocimiento sobre los riesgos asociados al tramadol, junto con la escasa regulación de su venta, crea un entorno propicio para el abuso y el uso indebido, lo que afecta sobre todo a las poblaciones más vulnerables y con menor acceso a educación en salud. Por ello, entender los riesgos y fomentar el uso racional de fármacos controlados se convierte en una prioridad de salud pública.