Consejo de Estado toma decisión clave en caso que podría sacar a David Racero del Congreso

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Un magistrado avaló incorporar las pruebas recopiladas por la Corte Suprema en caso del fruver que podría terminar con la carrera política del congresista.

El proceso que busca la pérdida de investidura del representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, dio un giro importante luego de una decisión del Consejo de Estado. La corporación ordenó incorporar nuevas pruebas provenientes de la investigación penal que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el caso del fruver, en el que el congresista es señalado de haber utilizado a un funcionario de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para atender un negocio particular.

La decisión fue adoptada por el magistrado Nicolás Yepes Corrales, quien aceptó una solicitud presentada por los estudiantes de derecho Samuel Ortiz y Lucas Durán Hernández. En ese sentido, ordenó oficiar a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para que remita copia de todas las pruebas recaudadas dentro del proceso penal que se sigue contra Racero.

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Según el auto, las pruebas solicitadas corresponden a la investigación por la presunta utilización de un integrante de la UTL del congresista para desarrollar labores diferentes a las de su cargo, específicamente en un mercado de frutas y verduras. Aunque el magistrado rechazó otras solicitudes probatorias, como recuperar conversaciones de WhatsApp a través de Meta o realizar cotejos de voz, sí avaló el traslado del material recopilado por la Corte Suprema.

La llegada de esas pruebas podría cambiar el rumbo del proceso de pérdida de investidura, ya que el Consejo de Estado contará con nuevos elementos para evaluar si hubo o no una conducta que amerite la llamada “muerte política” del representante a la Cámara, quien además fue reelegido para el próximo periodo legislativo.

El alto tribunal consideró que el material proveniente de la Corte Suprema constituye un hecho sobreviniente, debido a que fue obtenido después de que se cerrara la etapa probatoria dentro del proceso de pérdida de investidura. Por esa razón, determinó que era procedente incorporarlo al expediente pese a que otras pruebas fueron rechazadas por razones procesales.