Por título de doctorado que sería falso, llaman a responder a contralor de Antioquia

La Procuraduría citó a Sergio Zuluaga Peña para aclarar estudios que aparecen en su hoja de vida y que le sirvieron para llegar al cargo.

El funcionario “presuntamente proporcionó información inexacta para acceder al concurso realizado por la Asamblea Departamental de Antioquia y habría incurrido en presunta falsedad ideológica al consignar en su hoja de vida datos que no corresponderían con la realidad”, según el Ministerio Público. Ese concurso fue el que le permitió ocupar el cargo para el periodo 2016–2019.

Zuluaga Peña deberá explicar en audiencia pública el doctorado en Derecho Administrativo de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, España, que habría obtenido en octubre de 2012. Ese grado no aparece acreditado en la Coordinación para los programas de doctorado con Iberoamérica, señala la Procuraduría.

Según la Delegada para la Vigilancia Administrativa, el documento que presentó Zuluaga Peña en su hoja de vida “no es prueba de grado en el doctorado mencionado ya que se refiere a que está cursando el mismo y está siguiendo los requisitos subsiguientes del programa académico”.

La Procuraduría calificó este hecho como “grave a título de dolo, teniendo en cuenta que se trata de un abogado con conocimientos en derecho administrativo y sabe de la importancia de la precisión de la información que aporta para ocupar un cargo público”.

La entidad no entrega la fecha de la audiencia, pero en la diligencia el contralor podrá explicar los hechos y “aportar las pruebas que estime necesarias para su defensa”.

Sin embargo, este no es el primer escándalo que rodea al contralor. En julio pasado fue vinculado a una investigación por utilizar recursos públicos para realizarse cirugías estéticas, indicó la Fiscalía.

En ese momento Zuluaga Peña fue detenido por cubrir con el Plan Obligatorio de Salud (POS) una liposucción que se practicó, en abril de 2016, en el hospital La María de Medellín, que atiende población de bajos recursos.

Pero días después un juez lo dejó en libertad porque no consideró que las pruebas de la Fiscalía fueran suficientes para enviarlo a la cárcel, y volvió a ejercer su cargo.