Suspenden a gobernador de Vichada por corrupción en contrato de mercados durante pandemia

Por su actuar frente al acuerdo para la entrega de alimentos a población vulnerable afectada por COVID-19, Álvaro León no podrá ejercer su cargo por 4 meses.

Así lo anunció la Procuraduría en un comunicado donde señaló que el mandatario departamental omitió el cumplimiento de sus funciones al permitir que se suscribiera el contrato “sin verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y con ello permitió sobrecostos superiores a los 300 millones de pesos, conducta con la que vulneró los principios de economía, planeación y responsabilidad”.

La falta en la que incurrió el funcionario, investigado desde el pasado mes de abril, fue calificada por el Ministerio Público “como grave a título de culpa grave”.

La información agregó que el contrato firmado en abril de este año tenía por objeto “la adquisición de mercados básicos para la población vulnerable de los municipios de Puerto Carreño, Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía, en las zonas urbanas y rurales, en el marco de la pandemia COVID-19 en el departamento del Vichada”.

Durante la investigación se comprobó que a cada mercado se adicionaron costos injustificados e inconvenientes, tales como impuestos municipales, embalaje, bodegaje, cargue y logística, lo que generó sobrecostos “como consecuencia de una deficiente planeación en la etapa precontractual”.

Para la Procuraduría, el gobernador de Vichada no hizo el control requerido a la actuación administrativa para “disminuir y/o evitar los efectos negativos sobre el patrimonio público, dadas las condiciones especiales de emergencia económica, social y ecológica nacional”.

En este caso también fue suspendido por 6 meses un técnico de compras y suministros de la Gobernación al que la Procuraduría halló responsable de no dar cumplimiento a las funciones asignadas, porque no estableció el costo razonable que debía pagar la Administración para la adquisición de los bienes y servicios para atender la emergencia causada por el coronavirus.

No es la primera vez que un gobernador es sancionado en el país por contratos firmados en el marco de la pandemia del coronavirus. En abril fue suspendido por 3 meses el gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, por presuntas irregularidades en un contrato destinado a adquirir productos y alimentos para familias de bajos recursos que afrontan la crisis.

La sanción a Palacios Calderón fue levantada el 13 de julio pasado, dijo entonces la Procuraduría en un comunicado publicado en su sitio web.